El Ayuntamiento de Águilas propone dos sanciones que suman más de 80.000 € por las roturaciones ilegales de Bella Águilas que afectaron a 4 ha con sobresalientes valores ambientales.
ANSE confía en que el mensaje enviado por la Administraciones (Ayuntamiento y Fiscalía) disuada a otros promotores de incumplir los condicionados ambientales de los PGMO. Igualmente, reclama a la Comunidad Autónoma que intervenga en este caso.
El negociado de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Águilas ha remitido a la Asociación de Naturalistas del Sureste (que actuó como denunciante) la propuesta de resolución del expediente sancionador iniciado por las roturaciones y movimientos de tierras realizados en el Plan Parcial Bella Águilas hace dos años. En la citada propuesta, la instructora plantea que se han acometido obras no previstas en el Proyecto de Urbanización aprobado. Por estos hechos se plantean dos multas, una de 43.351,35 euros a Bella Águilas SA como promotor de las obras y otra multa del mismo importe a los dos técnicos directores de las mismas. El importe de las sanciones viene dado por su consideración de los hechos como infracción GRAVE según de la Ley 13/2015 de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia.
Los hechos se remontan a hace dos años cuando la Asociación denunció ante diferentes instancias (Ayuntamiento de Águilas, Comunidad Autónoma y Fiscalía) la destrucción de especies de flora protegida, así como la alteración de hábitats de fauna también protegida por unas roturaciones y movimientos de tierras de 4 ha realizados sin licencia de obras y sin las autorizaciones pertinentes. Entre los valores ambientales de la zona se encontraban amplias superficies de vegetación natural con importantes valores ambientales, tales como el cornical (Periploca angustifolia), el Senecio flavus, la tortuga mora (Testudo graeca), el alzacola rojizo (Cercothricas galactotes) y el camachuelo trompetero (Bucanetes githagineus). La roturación se realizó días antes de la aprobación del PGMO en un intento de escamotear la aplicación de medidas que incluía ese plan para salvaguardar dichos valores.
Tras la denuncia, el Ayuntamiento de Águilas dictó paralización inmediata de las obras pocos días después y la Fiscalía de Medio Ambiente de la Región de Murcia remitió, en septiembre de ese año, el caso a los juzgados de Lorca al entender que podrían haberse cometido un delito contra la flora protegida (artículo 332 del Código Penal).
La Asociación considera que las intervenciones de las administraciones envían un mensaje claro a promotores que pretendan incumplir los condicionantes ambientales de los desarrollos urbanísticos poniendo en riesgo la biodiversidad y el paisaje de la Región. Igualmente, ANSE reitera ante la Comunidad Autónoma que ponga en marcha el mecanismo legalmente previsto desde 2013 para el control del cumplimiento de las Declaraciones de Impacto Ambiental de Planes Generales y Parciales. También, pide a la Dirección General de Medio Ambiente que vigile los condicionados de los Planes Generales y se publiquen los informes de seguimiento ambiental.
