Murcia.com / Cartagena

La consejera de Presidencia y Administraciones Públicas, María Pedro Reverte, apeló hoy al esfuerzo y a la unión de las administraciones públicas y del conjunto de la ciudadanía para luchar contra los violentos y contribuir a paliar los efectos que causan sus acciones, “por una cuestión de justicia y porque las víctimas lo merecen”.

Reverte realizó estas declaraciones durante la inauguración hoy en Cartagena de las V Jornadas de Victimología, que en esta edición versan sobre ‘Víctimas olvidadas, las víctimas de delitos violentos’.

En este foro, que acoge a estudiantes universitarios y representantes de diversas profesiones, como criminólogos, abogados, psicólogos, educadores, policías o funcionarios públicos, la consejera expuso la ventaja que supone la Victimología para apoyar a los afectados por delitos violentos, como “una herramienta que aporta los conocimientos y las pautas de actuación necesarios desde el punto de vista humanístico, legal y social, y que ayuda a fijar el concepto de víctima”.

Asimismo, señaló que esta ciencia multidisciplinar debe adaptarse a los cambios que en cada momento demanden la coyuntura social y las circunstancias específicas de los colectivos más sensibles y víctimas especialmente vulnerables, “entre los que sobresalen las mujeres de los casos de violencia doméstica, los niños sujetos a maltrato infantil, los ancianos y las personas con trastornos psicológicos o limitaciones sensoriales”.

Reverte puso especial énfasis al referirse al colectivo de afectados por la violencia terrorista y recordó que el Gobierno regional está ultimando la Ley de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, “que proporcionará un marco jurídico de protección para todos los nacidos o residentes en nuestra Región que hayan sufrido esta lacra”.

En este sentido, apuntó que el texto definitivo de esta nueva disposición legal tendrá en cuenta las aportaciones de la Fundación de Victimología, en virtud del acuerdo de colaboración suscrito el pasado mes de julio entre la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas y la Fundación.