"La decisión del juzgado en el "conflicto" con la adjudicataria del Batel confirma que todo era una pose de Barreiro"

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SPCT exige al ayuntamiento que rescate la gestión del auditorio

Lo dijimos el pasado día 3 de Febrero, el conflicto con la adjudicataria del Batel es una mala versión del film "Lo que la verdad esconde", días 10 después parece que nuestras sospechas tenían bastante fundamento.

La actuación de Barreiro en este tema es muy clara, ante una situación de debilidad dentro de su propio partido, y en vísperas de su proclamación o no para optar a la alcaldía de Cartagena, la alcaldesa de Cartagena debía hacer una escenificación de lucha implacable en defensa de los intereses de los cartageneros aún a costa de enfrentarse con empresarios amigos, primero el vocal de su Junta Directiva Carlos Rosique y posteriormente el presidente de COEC Pedro Pablo Hernández.

Pero como la dirección nacional del PP no termina de deshojar la margarita y el proceso judicial de Novo Carthago no acaba de terminar, la representación teatral ha durado tan sólo 10 días, porque una cosa es la amistad y otra cosa es el dinero.

Desde SPCT queremos reiterar que la orden dada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo al Ayuntamiento en el sentido de obligar a abonar 786.000 euros a las empresas del presidente de COEC y del expresidente de la Junta Municipal de la Puebla, sólo ponen de manifiesto que la gestión de Pilar Barreiro nos cuesta a los cartageneros mucho dinero. Por eso desde SPCT exigimos a la Sra. Alcaldesa que inicie el proceso de remunicipalización de la gestión del Auditorio del Batel para evitar un mayor menoscabo a las arcas municipales.

En el caso del Auditorio, se está demostrando tal y como dijimos en el momento de la adjudicación que el concurso además de injusto, y poco transparente iba a ser un cáncer económico para las mermadas arcas municipales, y por desgracia así está siendo.

Por otra parte nos parece intolerable que un miembro de la estructura orgánica del PP y hasta hace unos meses del organigrama institucional obtuviera contratos públicos del Ayuntamiento gobernado por su mismo partido.

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