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Murcia, 17 abr (EFE).- El arquitecto del ayuntamiento de Librilla, José Luis Martínez, que declaró hoy como imputado en las diligencias judiciales abiertas por presunta trama de corrupción urbanística en esa localidad, reveló que incluso cuando estaba de baja laboral participaba en los trámites de estudio y adjudicación de concurso de obras del consistorio.

Martínez, que declaró durante varias horas en el juzgado de Instrucción Número Seis de Murcia, manifestó que si la práctica totalidad de los concursos convocados tanto por el ayuntamiento como por la empresa municipal Iniciativas para el desarrollo de Librilla IDL se adjudicaban a la empresa Acadi era "porque ésta presentaba la oferta más económica".

Acadi es propiedad de los tambien imputados en esta misma causa Domingo Peñalver, ingeniero que también trabajó como funcionario en el ayuntamiento de Librilla, y José Luis Cano, funcionario en excedencia de la Comunidad Autónoma.

Durante el interrogatorio el arquitecto municipal fue preguntado sobre cómo era posible que en un mismo día pudiera estudiar una treintena de ofertas presentadas a un concurso y emitir un informe sobre todas ellas.

Martínez respondió que su labor se veía facilitada porque los expedientes le llegaban sobre una plantilla que agilizaba su misión.

Para esta tarde han sido llamados también a declarar como imputados los representantes legales de la empresa Topomur, Francisco Julián Mena, y de Asotec Ingenieros, Francisco Javier Conejo, así como el ex-concejal de Patrimonio de Librilla, Francisco Navarro.

Según el auto judicial por el que se declaró como imputados a Mena y Conejo, estas dos empresas participaban en las operaciones tendentes a amañar los concursos para que fuesen adjudicados a ACADI.

Después la empresa de Peñalver y Cano repartía supuestamente comisiones por estas adjudicacioneas, además de al arquitecto municipal, al alcalde de Librilla, José Martínez, del PP, y al concejal de Urbanismo, Pedro Martínez, entre otros supuestos integrantes de la presunta trama de corrupcion urbanistica.

En esta investigación judicial llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) figuran ya un total de 21 personas imputadas. EFE