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El diputado de IU+Los Verdes, José Antonio Pujante, instó hoy al Gobierno regional a incrementar la inversión pública con el fin de reorientar el actual modelo productivo, basado, en su opinión, en la mano de obra intensiva, la precariedad laboral, los bajos salarios y la baja cualificación en sectores como la agricultura y la construcción.

Pujante, que hacía estas declaraciones en la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región, acusó al Ejecutivo murciano de impulsar un modelo socioeconómico centrado en la economía "especulativa" y el "pelotazo", frente a un sistema "de la excelencia en el empleo y la producción, y de la inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)".

Indicó que el actual modelo económico se asienta sobre las bases del neoliberalismo, al tiempo que tildó de "ridículas" las declaraciones del presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, cuando aseguró que la Región registra un descenso de la temporalidad laboral, hecho que se debe, a juicio de Pujante, al aumento del desempleo.

Criticó además "el concepto de igualdad laboral" de Valcárcel, ya que los colectivos más afectados por la crisis económica son "las mujeres, los inmigrantes y los jóvenes", y comparó el sueldo mensual medio de los empleados de la empresa Cofrusa, en torno a los 700 euros, frente al salario de Francisco Marqués, presidente de Hefame.

El parlamentario de IU+Los Verdes denunció que la inversión destinada a I+D+i represente el 0,91 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) regional, ante el 1,35 de la media nacional, "que se encuentra por debajo de la europea", responsabilizó al Ejecutivo autonómico de apostar por la educación universitaria privada y criticó la falta de inversión para atajar el fracaso escolar.

Pujante denunció también la quiebra financiera del Servicio Murciano de Salud (SMS), la "mala gestión" de la sanidad en hospitales como el Virgen del Rosell, en Cartagena, y la externalización de los servicios no sanitarios por medio de la sociedad mercantil regional GISCARMSA.

Aseguró además que la última ley de Protección Medioambiental elimina "aspectos avanzados" incluidos en la anterior norma, y criticó el uso de la energía nuclear, la construcción de una dársena de contenedores en El Gorguel, el "retraso" en la regeneración de la Bahía de Portmán y la no aprobación de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN).

Dijo asimismo no entender como el Gobierno murciano reclama al central una mayor inversión en la Región "si defiende, al mismo tiempo, una rebaja de impuestos, la reducción del déficit público, del papel del Estado, y del uno por ciento del tramo autonómico del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), lo que supone tener menos capacidad financiera".

"Frente a esta posición, IU+Los Verdes defiende una política fiscal progresiva, que incluya la recuperación del impuesto de Patrimonio y del uno por ciento del IRPF, con el fin de contar con más recursos para hacer frente a la crisis", apostilló Pujante.

Hizo también referencia a la "poca vocación autonomista y el interés por mejorar el autogobierno de la Región de Murcia", ya que, tras dos años de legislatura, la Comisión Especial para la Reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia "todavía no se ha reunido".

Reclamó al Ejecutivo murciano la puesta en marcha de medidas de carácter político y normativo para paliar los casos de corrupción, y dijo que ésta "no es un elemento aislado, sino que está insertado en el modelo socioeconómico", tras afirmar que, "en ningún caso, los resultados electorales sirven para legitimar este tipo de actuaciones".

PROPUESTAS

Pujante propuso la creación de acuerdos para atajar la exclusión social y la pobreza, que incluya una reforma de la Ley de Renta Básica de Reinserción, así como para la contratación de desempleados sin cobertura por medio de un plan suscrito entre Gobierno regional y ayuntamientos que cuente con un presupuesto de alrededor de 200 millones de euros.

Además, planteó la necesidad de promover acuerdos para luchar contra la economía sumergida, en el que participen agentes sociales, y contra la corrupción.

Mostró también su apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular impulsada para el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura y defendió el principio de soberanía alimentaria, que aborde la disparidad entre el precio de origen y de venta al público de los productos agrícolas y ganaderos.