Aguas de Barcelona, en los centros de trabajo en los que tiene presencia en la Región de Murcia como empresa mixta, es decir, 51% capital de los ayuntamientos y 49% de la propia empresa, va a dejar de abonar las pagas extraordinarias de Navidad a sus trabajadores, un total de 500, amparándose en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de Julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Esta decisión afecta a la presencia de Aguas de Barcelona para gestión de servicios a los centros de Aguas de Murcia, Aguas de Lorca y Aguas y jardinería de Cieza. Lo que representa en torno a 500 trabajadores en la Región.

Ante esta situación donde a los trabajadores de Aguas de Barcelona en la Región de Murcia se les compara con el funcionariado y personal laboral de Administraciones Públicas hay que hacer tres aclaraciones importantes:

Aguas de Barcelona, empresa de servicios (Captación y Distribución de agua potable, Servicios de Jardinería Urbana, Limpieza viaria y limpieza de edificios) tiene un carácter mixto, debido a que los ayuntamientos mantienen el 51% de las acciones empresariales, siendo la empresa privada portador del 49% restante. Pero los trabajadores son contratados a través de la empresa explotadora de los servicios, proviniendo sus salarios de un capital 100% privado.

Los trabajadores de los distintos centros de trabajo de esta empresa están sometidos a un "Plan de Productividad", el cual dará sus frutos durante los próximos meses, traduciéndose en una reducción de plantilla, que en el caso de la Administración Publica no se efectuara a corto ni, previsiblemente, a largo plazo.

Esta decisión representa un incumplimiento de el convenio colectivo por parte de una empresa que tiene el 49% del capital y que los beneficios como mínimo en el mismo porcentaje se lo lleva la empresa privada

La ciudadanía tiene derecho a saber que los salarios de los empleados de esta empresa están aprobados en los Presupuestos de 2012 de la entidad, los mismos que fueron aprobados a través de un Consejo de Administración por sus miembros tanto de la parte publica como privada, cuyos importes repercuten directamente en el precio tarifario del agua. Esto significa que el ciudadano va a pagar un extra innecesario debido a que no va a ser utilizado para lo que fue presupuestado, y que supuso en su momento una subida de la factura.

Ante esta posición de la empresa, CCOO, en distintas reuniones con los representantes de los trabajadores, han decidido instar proceso de conflicto colectivo por entender que no es de aplicación el Real Decreto para estos trabajadores.