El Ejecutivo regional ha nombrado a los integrantes del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, que será presidido por José Molina Molina durante cinco años no renovables, tal y como establece la Ley 12/2014 de Transparencia y Participación.
Los restantes miembros del citado órgano, que lo serán por un periodo de cuatro años, son los diputados Patricia Fernández y Miguel Sánchez, en representación del Parlamento regional y, por parte de la Comunidad, José David Hernández, Alfredo Nieto y Catalina Esparza, personal adscrito, respectivamente, a la Consejería de Presidencia, a la Consejería de Hacienda y Administración Pública y a la Inspección de los Servicios.
Los miembros designados en representación de las universidades públicas de la Región son Santiago Álvarez y María del Carmen Pastor, de la Universidad de Murcia y la Politécnica de Cartagena, respectivamente. Por el Consejo Jurídico estará José Antonio Cobacho, y por el Consejo Económico y Social, Antonio Jiménez y Juana Pérez.
El Consejo de la Transparencia es el órgano independiente de control en materia de transparencia de la Región de Murcia que velará por el cumplimiento de la publicidad activa y garantizará el derecho de acceso a la información pública.
Según recoge la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia, el Consejo actuará con objetividad, profesionalidad, sometimiento al ordenamiento jurídico y plena independencia orgánica y funcional de las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias.
Entre sus funciones se encuentran las de informar preceptivamente de los proyectos normativos que, en materia de transparencia, desarrollen esta ley o estén relacionados con esta materia. También evaluará el grado de aplicación y cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia por parte de las entidades e instituciones sujetas a ellas, y podrá formular recomendaciones para el mejor cumplimiento de tales obligaciones.
Este órgano también resolverá las consultas que se formulen en materia de publicidad activa y derecho de acceso por parte de entidades e instituciones, y presentará a la Asamblea Regional un informe anual de actuación, entre otras funciones que le atribuye la ley.
