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Región 10/01/2017

Podemos solicitará a Fomento una reunión para "aclarar" la postura del gobierno regional acerca de la Ley regional de Vivienda

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Fuente: Podemos Región de Murcia

La diputada regional, María Giménez, ha señalado que con el currículo del Partido Popular "no nos fiamos de que el ejecutivo regional defienda realmente los intereses de los murcianos. Más bien, nos tememos que el boicot de Rajoy a la ley antidesahucios aprobada en la Asamblea Regional cuente con la complicidad del gobierno de Pedro Antonio Sánchez".

El Grupo Parlamentario Podemos va a solicitar una reunión con el consejero de Fomento, con Pedro Rivera. El motivo es, como ha contado Giménez, conocer de primera mano cuál es la posición del gobierno regional ante "los obstáculos que pone el ejecutivo de Rajoy a una ley que hicimos con rigor para evitar los conflictos que ahora señalan, las competencias entre la comunidad autónoma y el Estado".

La diputada de Podemos ha subrayado que "no hay ninguna duda, ningún resquicio, la ley es impecable y se puede aplicar. De hecho, fue enmendada por los servicios jurídicos de la Cámara para darle el definitivo empaque. Nos colocó, además, a la vanguardia legislativa en esta materia".

Si bien, ha dicho María Giménez, "es imposible fiarse del Partido Popular y más, en una negociación a puerta cerrada y con miembros del ejecutivo de Rajoy. Está claro que en esa Comisión Bilateral se van a juntar el hambre con las ganas de comer y esto a quien realmente perjudica es a todas las familias que esperan que entre en vigor una ley que ya hubiera parado desahucios y activado mecanismos contra la pobreza energética".

El Partido Popular, ha incidido Giménez, "ha movilizado toda su maquinaria institucional para que no se aplique esta ley. Lo ha hecho tanto el gobierno de la Región de Murcia como el estatal. Parece que persiguen que la ley fracase y que se siga permitiendo echar a gente de sus casas con total impunidad".

Ante esta situación, aparte de lo diputados del grupo parlamentario, Podemos solicitará que a la reunión con el consejero de Fomento puedan asistir representantes de otros grupos políticos y de la sociedad civil, como son los miembros de la PAH.


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