Ciudadanos espera la dimisión de Pedro Antonio Sánchez tras confirmar su condición de investigado el TSJ

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Miguel Sánchez: “Esperamos que cumpla el compromiso que ha adquirido con los murcianos y se aparte, en virtud de su palabra, el acuerdo de investidura y la ley de transparencia”

Ciudadanos espera la dimisión de Pedro Antonio Sánchez tras confirmar su condición de investigado el TSJ

 Ciudadanos espera la dimisión de Pedro Antonio Sánchez después de que el Tribunal Superior de Justicia haya confirmado su condición de investigado y le haya llamado a declarar por la comisión de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación continuada, fraude y falsedad documental, en relación con el Caso Auditorio.

Miguel Sánchez, portavoz regional de Ciudadanos, ha afirmado que “Pedro Antonio Sánchez debe de cumplir con el compromiso que ha adquirido con los murcianos y dimitir, en virtud de su palabra, el acuerdo de investidura y la ley de transparencia”.

A este respecto, el portavoz regional de Cs ha subrayado que “el valor que tenemos las personas es el valor de nuestra palabra y estoy convencido de que el presidente va a cumplir con la suya y va a dimitir por el bien de los murcianos”.

“En Ciudadanos a la hora de tomar nuestras decisiones siempre hemos pensado en los intereses de los murcianos. Lo hicimos cuando firmamos el acuerdo de investidura con el Partido Popular para facilitar la gobernabilidad de la lista más votada y también lo hicimos el pasado mes de diciembre cuando facilitamos la aprobación de los presupuestos. Ahora es Pedro Antonio Sánchez quien debe pensar en los murcianos porque la imagen de nuestra Región no puede asociarse a un presidente que está siendo investigado por cuatro supuestos delitos muy graves”, ha afirmado el portavoz de Cs, quien ha reiterado su convicción “de que el presidente no va a condicionar el futuro de la Región de Murcia a una situación personal porque nuestra Región tiene que seguir hacia adelante”.

Investigado por presuntos delitos de corrupción política

La formación naranja  ha apelado al punto 1.1. del acuerdo de investidura firmado entre Ciudadanos y el Partido Popular que indica que se separaría de inmediato de cualquier cargo público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del proceso judicial.

En este sentido, Sánchez ha indicado que “el presidente está imputado o investigado por cuatro presuntos delitos de corrupción política y esta situación conculca claramente el acuerdo que firmó, así que debe afrontar su responsabilidad”.

Además, el portavoz de Cs ha indicado que la situación del presidente atenta contra el artículo 54 de la Ley de Transparencia que indica que la permanencia de un imputado por corrupción política en el cargo es incompatible con la confianza que se le debe trasladar sobre la vigencia de los principios éticos y con la obligación de preservar el prestigio de las instituciones.

Miguel Sánchez ha incidido en que el propio presidente tampoco tiene dudas de que debe dimitir, pues el pasado 25 de junio de 2015 manifestó públicamente que “si al final la justicia dictaminara una imputación por el Caso Auditorio yo dimitiría porque cumplo lo que firmo y cumplo mi palabra”

PAS tiene que cumplir su compromiso

El portavoz de Cs considera que las posibles justificaciones que se han escuchado los últimos días desde el Partido Popular para justificar una posible no dimisión, no soportan el más mínimo análisis serio y razonado. “Nos parece que tratar de enmascarar como “error administrativo” una serie de presuntos delitos que una juez pone el plano del Codigo Penal como malversación de caudales públicos, prevaricación continuada, fraude y falsedad documental es considerar a los murcianos demasiado legos en materias jurídicas, o demasiado dispuestos a comulgar con ruedas de molino”.

En este sentido, Sánchez ha incidido en que “afirmar que lo que podría juzgarse en este caso no es corrupción política es tratar de enmendar la plana desde el poder ejecutivo al judicial. Su máxima autoridad, Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, afirmó precisamente en una visita a nuestra Región que las prevaricaciones administrativas y urbanísticas se contabilizan como casos de corrupción a todos los efectos, como también son la malversación y el fraude, lo que engloba tres de los cuatro delitos que la juez de Lorca atribuye de forma indiciara al presidente regional.

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