El convenio entre la Comunidad y Cáritas para el pago del alquiler de viviendas ya beneficia a 49 familias con dificultades económicas

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La directora general de Vivienda se reúne con el director de la entidad para hacer un seguimiento del acuerdo

Un total de 49 familias se han beneficiado en lo que va de año de las ayudas regionales para el pago del alquiler de viviendas arrendadas a familias en riesgo de exclusión social y/o en situación de especial vulnerabilidad. Estas subvenciones son posibles gracias al convenio suscrito entre la Comunidad Autónoma y Cáritas Diocesana de Cartagena.

La directora general de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda, Laura Sandoval, y el director de Cáritas Diócesis de Cartagena, José Saura, celebraron hoy una reunión de seguimiento de este convenio, dotado con un presupuesto de 40.000 euros.

Laura Sandoval manifestó que "la inclusión social es un objetivo prioritario del Ejecutivo regional", y destacó la labor de Cáritas que "está visitando a estas familias, contactando con los arrendadores y gestionando los alquileres".

"Las ayudas se desarrollan a través de Cáritas Parroquiales y centros de acción social, que son organizaciones autónomas de atención", recordó la directora, quién explicó que las subvenciones concedidas en lo que llevamos de año benefician en un 49 por ciento a familias numerosas, seguidas de las monoparentales con menores a su cargo (31 por ciento).

Hasta 750 euros mensuales

"Pretendemos ayudar a unidades familiares con escasos recursos económicos, con ingresos inferiores a 6.390 euros al año, con los que no pueden atender el pago del alquiler o la hipoteca de su domicilio habitual, o se encuentran en situación de exclusión social", explicó la directora.

Se conceden dos tipos básicos de ayudas: la ordinaria, que no excede de 250 euros mensuales, y la extraordinaria, que se aplica en aquellos casos en los que existe riesgo de desahucio por impago de alquiler y cuya cantidad puede alcanzar los 750 euros. Las ayudas se conceden por un plazo máximo de 12 meses.

Este convenio también incluye la colaboración del Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda, al que se derivan las familias en riesgo de exclusión social que no pueden afrontar el pago del préstamo con garantía hipotecaria, con el fin de ayudarles a mediar con la entidad financiera y conseguir una solución a su situación. Sandoval explicó que, "en este servicio se les asesora sobre posibles soluciones como negociar un alquiler social o la dación en pago".

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