El proyecto de Ley de Emergencias y Protección Civil, presentado hoy por la vicepresidenta Isabel Franco en la Asamblea Regional para su toma en consideración, busca dar una adecuada respuesta a las emergencias en la Región, configurando un sistema que determine con claridad y acierto los medios de respuesta, las acciones a realizar antes, durante y después de las emergencias y su organización, y la repercusión de esta acción pública en los derechos y deberes de los ciudadanos.

Franco destacó que, con la futura nueva ley, "las distintas piezas del sistema autonómico de emergencias y protección civil quedan ensambladas en un texto coherente y sistemático", que regula las actuaciones en el marco de la legislación básica estatal y, en su caso, de la normativa europea aplicable, así como las competencias autonómicas en la materia; los derechos y deberes en materia de protección civil; y los principios generales de la atención y gestión de las emergencias, con el Centro de Coordinación de Emergencias 112 como órgano encargado de atender los avisos y movilizar los recursos necesarios.

De igual modo, la norma regulará el régimen de actuación en materia de protección civil, en sus distintas fases, la organización administrativa; la regulación de las entidades de voluntariado de protección civil; y el establecimiento del régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de emergencias y protección civil.

Entre los principales avances, Franco destacó "un mayor desarrollo normativo del que encontramos a nivel nacional, cuya regulación es demasiado sucinta en ocasiones, como en la regulación de los distintos planes de protección civil. De hecho, hay instituciones o instrumentos en los que la ley estatal contiene apenas un esbozo, como sucede con el voluntariado de protección civil".

Además, en alguna ocasión, la nueva ley "servirá para introducir, cuando se considera conveniente, nuevas piezas propias del Sistema de Emergencias y Protección Civil que no se encuentran en el ámbito estatal, como los planes sectoriales", indicó.

Por otra parte, el sistema de la Región de Murcia comprende, no solo las actuaciones "de protección civil", sino también actuaciones en el ámbito de las emergencias que no tienen afectación colectiva, o emergencias ordinarias, la mayor parte de las atendidas por el servicio 112, mientras que la Ley nacional solo se ocupa de las emergencias extraordinarias o de protección civil, que son las únicas en las que puede concurrir un interés estatal o supraautonómico.

Atiende la nueva Ley, por último, a la necesidad de establecer un régimen de infracciones y sanciones propio, "ya que el régimen sancionador de la norma nacional es insuficiente y ni siquiera expresa con claridad su aplicación fuera del ámbito de la Administración del Estado", explicó Franco.

La legislación estatal en materia de protección civil integra los distintos servicios y recursos de protección civil en lo que el Tribunal Constitucional ha denominado "diseño o modelo nacional mínimo, y con la nueva norma, la Comunidad se dota de un diseño o modelo regional más amplio regulador de la protección civil y también las emergencias ordinarias, aunque para completarlo serán precisos los desarrollos reglamentarios previstos en la propia ley", concluyó Franco.

Estos son la regulación de la composición, organización y funcionamiento del Consejo de Emergencias y Protección Civil de la Región de Murcia; el reglamento regulador del Registro de Planes de Protección Civil de la Región; el reglamento del voluntariado de protección civil y del Registro de Entidades de Voluntariado de Protección Civil; y el reglamento que regule la formación mínima exigida a los socorristas para la vigilancia y salvamento en playas marítimas y fluviales.