Sin ley no hay democracia ni libertad. El Tribunal Constitucional, merced a un recurso de amparo presentado por el Partido Popular, ha frenado la pretensión del PSOE y sus socios de eludir los controles parlamentarios en la tramitación de unas leyes. El máximo intérprete de nuestra Constitución, que no se ha dejado amedrentar por las presiones, insultos y amenazas del Gobierno de Sánchez, ha dejado meridianamente claro que no todo vale en política, que el Ejecutivo se saltó todas las líneas rojas y que este tipo de desmanes no se pueden permitir en un régimen democrático y de libertades. Una decisión que supone una gran victoria del Estado de Derecho, que le ha torcido el brazo a Pedro Sánchez.
El Alto Tribunal ha tenido que recordar al Gobierno PSOE-Podemos, además de a sus socios ERC y Bildu, que todos los poderes del Estado están sometidos a la Carta Magna, y que por muy Pedro Sánchez que se sea, no se puede pasar por encima de la Constitución y las leyes. Nuestra democracia ha demostrado su fortaleza y capacidad para parar las tropelías y los abusos de un Gobierno.
Se lamentaban Sánchez y sus secuaces de que el Tribunal Constitucional había tomado una decisión 'sin precedentes' en la democracia. Y, en efecto, así ha sido, pero simple y llanamente porque nadie había llegado tan lejos en su desafío al Estado de Derecho. Lo que sí resulta verdaderamente insólito es que los presidentes del Congreso y Senado, además del ministro de la Presidencia y el mismísimo presidente del Gobierno, salieran en tromba a poner en cuestión una resolución del TC. Frente a esta deriva socialista de deslegitimación de nuestras instituciones, el PP va a seguir defendiendo la vigencia de la Constitución y principios fundamentales en nuestro régimen democrático como es la separación de poderes, que el PSOE, en colaboración con sus socios, pretende fulminar.
Desde el PP decimos alto y claro que basta ya de impugnar la Constitución que nos dimos los españoles en 1978, basta ya de socavar al sistema político de Monarquía parlamentaria que ha traído a nuestro país más de 40 años de libertad, estabilidad política y la mayor prosperidad económica de nuestra historia.
Esta crisis institucional, generado desde el mismo Gobierno que debería velar por el cumplimiento de la legalidad, demuestra que Pedro Sánchez nunca ha querido un acuerdo con el PP en materia de Justicia. Sánchez ha secuestrado al PSOE socialdemócrata que ejercía de garante de la estabilidad institucional, pero, frente a sus tácticas y maniobras por intentar copar todos los poderes y eliminar los contrapoderes, el Estado de Derecho ha demostrado su vigor. Nadie está al margen de la ley, por mucho que en estos momentos Sánchez y sus socios quieran legislar a la carta. No sabemos en qué país pretenden convertirnos el Gobierno, Podemos y los independentistas, pero esto sigue siendo España, y aquí rige el imperio de la ley.
Quienes están en el Gobierno y configuran una mayoría parlamentaria para sustentarlo consideran que el Congreso y el Senado son ellos, y que en este país se tiene que hacer lo que ellos dicen y como ellos dictan, aunque se vean vulnerados los derechos fundamentales de la minoría. Pedro Sánchez se ha embarcado en una deriva autoritaria basada en desacreditar, no solo al discrepante, sino a toda institución u organismo que no le dé la razón o no se pliegue a sus intereses. Una actitud peligrosa para la salud democrática de España.
Además, Sánchez sigue pagando al independentismo el precio por permanecer en Moncloa, al derogar la sedición y rebajar las penas por malversación a los condenados por corrupción. Ha hecho justo lo contrario de lo que prometió para ser elegido presidente, lo que es un fraude hasta para sus propios electores. No debería haber otra salida que no pase por la celebración de elecciones generales. Negar esta posibilidad sería la prueba del nueve de que se quiere avanzar en una agenda política marcada por fuerzas contrarias a la Constitución y al interés de la Nación.
Frente a las constantes concesiones de Sánchez a los independentistas y su declarado objetivo de controlar a la Justicia, el PP seguirá ejerciendo de dique de contención. Tal y como se ha comprometido el presidente Alberto Núñez Feijóo, cuando lleguemos al Gobierno de la Nación, que será muy pronto, recuperaremos el delito de sedición, volveremos a endurecer la malversación y, además, tipificaremos el referéndum ilegal. Mientras tanto, defenderemos en todo momento la unidad nacional, la democracia, el Estado de Derecho y la independencia del Poder Judicial. Continuaremos utilizando los instrumentos que la Constitución ponga a nuestro alcance para garantizar que nadie se sitúe por encima de la ley.
José Miguel Luengo Gallego
Secretario general PPRM
