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Murcia, 11 nov (EFE).- Los dos auxiliares de la Comisaría de Policía de Yecla acusados por el fiscal de quedarse con poco menos de 14 euros de una mujer que había acudido a renovarse el pasaporte negaron hoy los hechos en la primera sesión del juicio con jurado que se desarrolla en la Audiencia Provincial de Murcia.

Uno de los acusados, J.M.C., afirmó que no devolvió este dinero a la mujer, R.T., "porque se fue enseguida y no nos dio tiempo, aunque se lo dimos al día siguiente".

No obstante, en otro momento del interrogatorio de la fiscal, admitió que cuando fueron llamados al despacho por su superior reconocieron que "hicimos algo que no debíamos hacer, que habíamos cometido un error".

El segundo acusado, E.J.F., indicó que desconocía el dinero que cobró su compañero por las tasas de renovación del pasaporte, ni lo que devolvió, "y no me pude quedar con propina alguna, entre otras cosas, añadió, porque no hice ninguna gestión de cobro, ni hablé con ella al día siguiente para pedirle que no comentara nada a mi superior".

Por su parte, R.T., que declaró como testigo, manifestó a la Sala que el día en que ocurrieron los hechos, hace ahora tres años, indicó a los funcionarios que tenía cierta urgencia en conseguir el pasaporte, ya que dos días después emprendía viaje a México.

Aseguró que le habían pedido dinero para el bocadillo, "por lo que, en principio, accedí a ello pensando que sería así, porque me dijeron que tenían que quedarse más tiempo en la oficina para resolver este trámite, pero la verdad es que me pareció muy raro".

R.T. afirmó en otro momento que cuando volvió al día siguiente a recoger el pasaporte comentó lo ocurrido a un policía nacional de servicio en Comisaría y los hechos llegaron al superior de los funcionarios, que presentó una denuncia en el juzgado de guardia.

Este inspector, J.R., hoy jefe de la Comisaría yeclana, que declaró también como testigo, ratificó el contenido de su denuncia, en el que se recogía lo que le había contado la mujer, que aseguró que había entregado 30 euros, cuando las tasas por esta gestión eran sólo de 16,21 euros.

El juicio, que continuará mañana, concluyó su primera sesión con la prueba pericial en la que intervino el psiquiatra Pedro Antón Fructuoso, que trata a J.M.C. desde abril de 2006, es decir, seis meses después de ocurrir los hechos, y que señaló que éste padece un trastorno esquizo-afectivo.

La acusación estatal solicita para cada uno de los funcionarios una condena de 42 euros y suspensión de cargo público por un año, mientras que las defensas piden la absolución, al considerar que no hubo exigencia de dinero alguno. EFE