Les preocupa el nuevo retraso que supone para la aprobación y aplicación efectiva de importantes medidas de limitación del uso de nitratos o de ordenación territorial.

Las organizaciones en defensa del Mar Menor han mostrado su rechazo a la modificación de la Ley 3/2020 de recuperación y Protección del Mar Menor, y han querido resaltar tanto los antecedentes del Gobierno Regional, y como el contexto actual en el que se produce la propuesta de modificación.

Antecedentes

La primea norma que se aprobó específicamente para proteger el Mar Menor fue la Ley 3/1987, de 23 de abril, de Protección y Armonización de Usos del Mar Menor, que nunca llegó a cumplirse, y de hecho se derogó por el Partido Popular cuando entró en el Gobierno Regional[1].

En 2018 se aprueba una Ley 1/2018, de 7 de febrero, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor. Aunque la propuso el Partido Popular, los tres partidos de la oposición y la sociedad se pusieron de acuerdo y propusieron enmiendas para adoptar medidas en el origen, con obligaciones para reducir el uso de nitratos, reducir las escorrentías, etc.

La aprobación se produjo en un clima de máxima presión por el lobby agroindustrial, que incluso llegó a amenazar a los diputados que votaran a favor de la norma con perseguirlos judicialmente.

Tras su aprobación, la actitud del Gobierno Regional fue NO aplicar la Ley, llegando la Consejería de Agricultura, presionada por el lobby, a elaborar una guía interpretativa de la Ley para facilitar a los agricultores su incumplimiento.

Presionado por el sector agroindustrial, el Grupo Parlamentario Popular propone la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor. Una norma que ya no se centra en el sector agrícola y ganadero, principal generador de nutrientes en el Mar Menor, sino que intenta reducir la presión al sector con una “ley multifactorial”. Su principal logro: derogar la Ley de 2018. La norma no es nada ambiciosa, prácticamente va poco más allá de lo que otras normas ya imponen, y los artículos tienen enunciados que dan a entender un control, que luego en el desarrollo está lleno de coladeros[2].

Pero es que esta nueva Ley tampoco se cumple. En 2022 ya se denunciaba que los aspectos más importantes de la Ley 3/2020 no se cumplían[3]. Hoy, cuatro años después de su aprobación y entrada en vigor. Seguimos prácticamente igual. La regulación del uso de nitratos, las medidas para frenar la erosión, la ordenación territorial, la descafeinada e insuficiente moratoria urbanística…

Otro antecedente a tener en cuenta es que las últimas modificaciones legales de normativa autonómica relacionada con el Medio Ambiente, llevadas a cabo en la Asamblea Regional, siempre a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, han tenido un objetivo claro: defender los intereses empresariales a costa de reducir las garantías del interés general, y por lo tanto, reduciendo la protección del medio ambiente[4].

Contexto

Además de estos antecedentes, el contexto en el que se produce la propuesta de modificación de la Ley·3/2020, también es importante. Con un Gobierno Regional apuntalado en la extrema derecha, y una campaña europea de movilización del voto del mundo rural, aprovechándose de tensiones en el sector primario provocadas precisamente por el oligopolio en el sector, aumenta la presión por reducir las exigencias y normas en el sector agroindustrial.

Hay que recordar que la presión ciudadana, la judicial y la institucional, tanto del Gobierno Central como de la Comisión Europea y de organismos internacionales, también ha ido creciendo en los últimos años. De hecho, recientemente España ha sido condenada a sanción por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir la Directiva Nitratos, por varias comunidades autónomas que no han cumplido con las exigencias de la Directiva, entre otras Murcia y el entorno del Mar Menor[5]. Al mismo tiempo se ha creado una fundación que se ha dedicado a generar confusión, noticias falsas y presiones para quitar responsabilidad al sector agroindustrial y generar una opinión pública proclive a reducir dicha presión.

Y para terminar de dibujar el contexto, esta propuesta de modificación se produce como una salida salomónica, ante la propuesta de modificación de la Ley 3/2020 que presenta la extrema derecha en la Asamblea. El Partido Popular se encontraba entre la espada y la pared: presionado por la sociedad y las instituciones superiores no puede aprobar una modificación con tan evidente retroceso e incumplimiento de normas superiores, pero tampoco puede romper con sus socios de Gobierno, para no tener que ir a nuevas elecciones.

La solución: dar una patada hacia adelante, proponer una comisión de estudio de la modificación, y sobrepasar la fecha de las elecciones europeas, que forman parte importante de este contexto.

Por eso, las organizaciones se oponen a esta modificación, por las siguientes razones:

· Es claramente un intento de dar pasos atrás en la norma, para contentar al sector agroindustrial y a sus socios de Gobierno.

· De nuevo se evitan informes preceptivos. Las Leyes del Mar Menor no han tenido una tramitación ordinaria que facilite el debate público, y el necesario control científico, técnico y jurídico. No ha habido consulta de las normas de 2019 ni 2020 a un comité científico, ya casi inexistente, ni al CARMA (igual que igualmente no ha sido consultado para modificaciones de otras normas ambientales), ni a otros Consejos.

· En las consultas a expertos que propone el propio Grupo Parlamentario Popular para esa comisión de revisión, el sector agrícola está sobre representado, también el propio Partido Popular, con los ayuntamientos mayoritariamente de dicho partido, y en las que la sociedad y la comunidad científica están poco presentes.

· Mientras se tramita la modificación, siguen sin aprobarse y ponerse en marcha los aspectos más importantes de la Ley, que deberían haberse implementado con urgencia. Y se pospone sin fecha.

En definitiva, la propuesta del Grupo Parlamentario Popular es un importante paso atrás, porque pretende descafeinar todavía más una norma poco ambiciosa y supone seguir retrasando, de manera irresponsable, el cumplimiento de una Ley que no se cumple en lo esencial, y todo en un contexto de crisis ecológica, con un ecosistema muy frágil y lejos de recuperarse, donde especies como el caballito de mar o la nacra están en serio peligro de desaparición, mientras siguen y siguen llegando toneladas de contaminantes agrícolas y ganaderos.