El Consejo Jurídico reclama un informe de Secretaría, documentación pendiente, una nueva audiencia a la empresa y otra consulta

Las vecinas y los vecinos que esperaban las instalaciones deportivas anunciadas en Cabezo Verde siguen sin saber qué ocurrirá con el proyecto. Presentado en diciembre de 2022 con doce pistas de pádel, gimnasio y piscina, debía comenzar sus obras a principios de 2023. Más de tres años después, según la información publicada sobre el expediente, la concesionaria seguía sin las licencias urbanística y de actividad necesarias.

Ahora se añade una nueva incertidumbre: el procedimiento municipal para decidir el futuro de la concesión debe completarse. El Dictamen 283/2026 del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, aprobado el 30 de septiembre, señala que faltaban el informe jurídico de Secretaría, la propuesta de resolución y una copia del acuerdo de inicio entre los documentos examinados. También pide dar nueva audiencia a la empresa y remitir otra vez el asunto a consulta.

Mientras el gobierno de Paqui Terol ha llevado a consulta un expediente incompleto, el Grupo Municipal Socialista reclama corregir esas carencias antes de decidir. El dictamen no resuelve todavía si procede extinguir la concesión.

"Una parcela municipal y un proyecto anunciado a los vecinos merecen una gestión a la altura. No se puede pedir una decisión sobre la concesión sin haber completado antes el expediente. Pedimos a Terol que corrija lo señalado por el Consejo Jurídico y explique con claridad qué pasos dará", afirman fuentes socialistas en Alcantarilla.

La exigencia socialista es que la alcaldesa impulse de inmediato la subsanación y no formule una decisión definitiva hasta que estén incorporados el informe de Secretaría, la copia del acuerdo de inicio y una propuesta de resolución motivada. Después deberá darse nueva audiencia a la concesionaria y solicitarse otra consulta al Consejo Jurídico. El grupo pide, además, que el Ayuntamiento aclare antes de resolver las posibles consecuencias económicas de las alternativas para la concesión y la parcela municipal. El canon anual anunciado era de 55.000 euros y la garantía definitiva, de 148.363,53 euros; el dictamen no determina su incautación ni fija indemnizaciones.

"Fiscalizar esta tramitación no significa ponerse del lado de una de las partes ni anticipar cómo debe acabar el expediente", añaden los socialistas. "Significa defender el patrimonio municipal y el derecho de la ciudadanía a saber qué pasa con un proyecto anunciado hace casi cuatro años. Primero, un expediente completo; después, una decisión explicada".

El Grupo Municipal Socialista pedirá que Terol informe al próximo Pleno de los trámites pendientes y presente un calendario público para completarlos, con actualizaciones mientras el procedimiento siga abierto. Alcantarilla necesita saber qué futuro tendrá esta parcela pública. La respuesta debe llegar con garantías, cuentas claras y una decisión motivada, no con otra consulta basada en documentación incompleta.

El PSOE mantendrá su labor de control hasta que el Ayuntamiento aclare el futuro de la concesión y rinda cuentas a la ciudadanía.