Tal como advertimos el pasado viernes 1 de marzo, la consulta vecinal promovida por el Gobierno de PP, Vox y Alhama@Una sobre el parque de La Cubana está incumpliendo una de las principales normas de nuestro país, como es la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Este martes, la prensa regional informa que las votaciones se está realizando sin el prescriptivo certificado digital. La alcaldesa del PP y los concejales saben quién ha votado y qué opción ha elegido cada persona que ha participado. Algo que contraviene el voto secreto y que deja al descubierto una nueva mentira de María Cánovas, quien en rueda de prensa el pasado 31 de enero indicó que «será imprescindible tener el certificado digital», algo que garantizaría la privacidad de la votación y el anonimato del votante, y que finalmente no se ha hecho.

Este lunes 4 de marzo, coincidiendo con la apertura del proceso de votación en urna, el concejal de Transparencia, Toni Sibina, dijo en declaraciones a los medios que exigir el certificado digital «reduciría muchísimo la posibilidad de que la gente pudiera participar». Es decir, justo lo contrario a lo que se habían comprometido.

La web para la consulta, que se ha montado de manera precipitada y totalmente improvisada, después de 8 meses en los que no han hecho otra cosa, limita la información que se da los vecinos/as de Alhama, y no cumple la normativa legal en protección de datos, obligatoria para este tipo de procesos.

El Ayuntamiento obliga a facilitar la fecha de nacimiento y el DNI de la persona que vota para poder cruzarlo con el censo municipal, supuestamente para evitar que personas de fuera del municipio puedan participar. Sin embargo, este sistema garantiza al equipo de Gobierno saber exactamente qué persona del municipio ha votado y cual de las opciones que les dan, que no incluye el proyecto ya iniciado, ha elegido. Este sistema debería informar al usuario del tratamiento que se da a sus datos y solicitar su consentimiento expreso para ello. Algo que no se está realizando.

De esta forma, el Consistorio puede utilizar la información obtenida para fines distintos de los que había previsto inicialmente, así como poder tratar de forma automatizada los datos de los votantes sin ninguna autorización.

Tal como informa la prensa regional hoy, «dado que no existe en la página web habilitada para la votación ninguna información acerca del tratamiento realizado, el uso de la información recabada o la posible cesión de esos datos a terceros, el Ayuntamiento de Alhama estaría incurriendo en graves incumplimientos penalizados por la legislación en vigor».

Tampoco consta el informe del Delegado de Protección de Datos, con el que debería contar el Ayuntamiento en relación a este proceso participativo y los tratamientos de datos implicados, sin que haya aparecido ningún documento al respecto.

Por todo ello, vemos como se trata de una consulta fraudulenta, adulterada, que nace con el único objetivo de tapar la paralización de las obras ordenada por la alcaldesa María Cánovas, que podrían costarle al Consistorio alhameño más de un millón de euros por el incumplimiento del contrato en vigor del proyecto iniciado y puesto en marcha en la anterior legislatura por el Gobierno socialista.