Advierte de que la situación actual "pone en riesgo la calidad de los servicios públicos y puede provocar su colapso"
La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, ha exigido a la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia la dotación "inmediata" de recursos humanos y materiales ante el inicio del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes impulsado por el Gobierno de España, una medida que, según ha denunciado, "se ha aprobado sin planificación ni financiación suficiente para las entidades locales".
Fernández ha advertido de que este proceso supone trasladar de facto a los ayuntamientos la gestión inicial de la regularización, al convertir servicios municipales como el padrón en un requisito imprescindible. "El Ayuntamiento de Archena se enfrenta a un incremento notable de la carga administrativa derivada de una decisión del Estado que no ha venido acompañada de los recursos necesarios", ha señalado.
En este sentido, ha criticado que el Gobierno central "vuelve a legislar de espaldas a la realidad de los municipios", generando un desajuste evidente entre las competencias que impone y los medios que facilita. "No se puede exigir a los ayuntamientos que asuman más responsabilidades sin financiación. Es una forma de trasladar el problema sin asumir su coste", ha afirmado.
La alcaldesa ha sido tajante al asegurar que el Consistorio no aceptará que esta situación repercuta en los vecinos del municipio. "No vamos a permitir que se resientan los servicios públicos de Archena por una falta de previsión del Gobierno de España. No vamos a quitar recursos de nuestros ciudadanos para cubrir una obligación que no es municipal", ha subrayado.
Asimismo, ha alertado del impacto directo en los servicios sociales, que deberán hacer frente a un aumento de la demanda de atención, informes y situaciones de vulnerabilidad. "La integración real se produce en los municipios, pero no se puede sostener sin medios. Lo que no puede hacer el Estado es delegar la responsabilidad sin garantizar las herramientas para gestionarla", ha añadido.
En relación con la organización del servicio, el Ayuntamiento ha habilitado el Centro Cívico de Las Arboledas para centralizar la atención, aunque insiste en que esta medida es insuficiente si no va acompañada de refuerzos externos.
Contradicciones del proceso
Además, la alcaldesa ha puesto el foco en una de las principales contradicciones del proceso, al señalar que "se plantea un procedimiento fundamentalmente telemático dirigido a personas que, en muchos casos, carecen de acceso a medios digitales o sistemas de identificación electrónica como Cl@ve". En este sentido, ha advertido de que "sin el apoyo de los ayuntamientos y de las entidades sociales, muchos solicitantes no podrían ni siquiera iniciar el trámite", lo que, a su juicio, "vuelve a trasladar a la administración local una responsabilidad que no le corresponde, incrementando aún más la presión sobre los servicios municipales".
Fernández ha advertido de que, en las condiciones actuales, "este proceso puede provocar el colapso de los servicios municipales", con un aumento de la presión en la atención al ciudadano, retrasos y una sobrecarga generalizada de la administración local.
Por todo ello, ha reclamado una respuesta urgente del Gobierno de España y ha reiterado que "los ayuntamientos no pueden ser, una vez más, quienes asuman en solitario las consecuencias de decisiones estatales".
"Archena va a actuar con responsabilidad, pero exigimos lo mismo al Gobierno de España: planificación, financiación y respeto al papel de los municipios", ha concluido.
