La alcaldesa de Calasparra, Teresa García, ha comparecido esta mañana en la Asamblea Regional ante la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo, durante la tramitación del Proyecto de Ley de Bienes de Interés Turístico de la Región de Murcia, con el objetivo de reclamar una norma útil y acompañada de financiación real para los municipios.

Durante su intervención, ha reconocido la necesidad de esta ley, aunque ha advertido de que, tal y como está planteada, resulta insuficiente si no va acompañada de recursos y medidas concretas. En este sentido, ha subrayado que una ley de reconocimiento no es una política turística, señalando que declarar un bien no genera visitantes ni mantiene infraestructuras, y que el verdadero reto reside en lo que viene después, lo que requiere financiación y un respaldo efectivo por parte de la Comunidad Autónoma.

En este marco, ha defendido el modelo turístico de Calasparra como ejemplo de desarrollo vinculado al territorio, destacando recursos como el Arroz de Calasparra, el Cañón de Almadenes, la Cueva del Puerto o el Santuario de la Virgen de la Esperanza, junto a sus principales eventos, como la Feria Taurina del Arroz y sus Encierros.

Asimismo, ha reclamado nuevamente la declaración de la Feria Taurina del Arroz y sus Encierros como Bien de Interés Turístico Regional, una reivindicación histórica que, pese a cumplir los requisitos, continúa pendiente de resolución.

La alcaldesa ha advertido de que el texto puede generar desigualdades entre municipios, al establecer criterios que favorecen a los destinos más consolidados, y ha señalado la falta de proporcionalidad como uno de los principales problemas. Además, ha criticado la concentración de decisiones en el consejero, sin órganos técnicos independientes, lo que introduce un margen de discrecionalidad que genera incertidumbre.

Igualmente, ha insistido en que una distinción sin financiación se convierte en una carga para los ayuntamientos, poniendo como ejemplo inversiones asumidas íntegramente por el municipio sin apoyo regional, y ha vuelto a señalar la carencia de infraestructuras clave, especialmente en materia de comunicaciones.

Entre sus propuestas, ha planteado la necesidad de establecer financiación vinculada a las declaraciones, adaptar los criterios al tamaño de los municipios, crear categorías diferenciadas, reforzar la participación técnica en la toma de decisiones y avanzar hacia un modelo de colaboración público-privada.

La alcaldesa ha concluido reclamando que la ley pase "del reconocimiento a la inversión", garantizando un desarrollo turístico equilibrado y oportunidades reales para todos los municipios.