A LA LEY CONTRA LA 'OKUPACIÓN' ILEGAL APROBADA HACE UNOS MESES EN LA ASAMBLEA REGIONAL SE SUMÁN LAS PROPUESTAS DE ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO PARA COMBATIRLA DE FORMA EFECTIVA
Durante los últimos años se ha visto incrementado el índice de inmuebles ocupados de forma ilegal en nuestro país. "Un problema del que Caravaca no se mantiene al margen y en el que se está trabajando desde el área de Seguridad Ciudadana desde que comenzó la actual legislatura", ha manifestado Mónica Sánchez, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
"Desde el principio, el equipo de Gobierno ha peleado con todas las herramientas disponibles para atajar este problema en el municipio a pesar de que con la actual legislación está desprovisto de mecanismos para atajarlo de forma efectiva". "Las administraciones locales están 'atadas de pies y manos' por una legislación estatal que protege al 'okupa' frente al propietario de los inmuebles".
Según Mónica Sánchez, "las ocupaciones en el municipio se dan sobre todo en viviendas de carácter social que podrían ser habitadas por familias en riesgo de exclusión pero que acaban ocupadas por delincuentes que conocen todos los resquicios de la actual legislación para prolongar las vías administrativas y judiciales".
Destaca también que "una vez ocupada la vivienda es el propietario quien debe emitir la denuncia para que empiece el procedimiento judicial de desalojo que en el mejor de los casos puede durar hasta 2 años".
En este sentido, la portavoz ha querido hacer un llamamiento a la colaboración ciudadana: "Las ocupaciones las suelen avisar los vecinos a la Policía Local y si se han producido dentro de las 24/48 horas anteriores, se puede proceder al desalojo sin necesidad de que se abra un proceso judicial, por ello es muy importante que ante cualquier actividad sospechosa en inmuebles supuestamente vacíos, sean los vecinos, quienes a la mayor brevedad posible, lo pongan en conocimiento de las autoridades".
"En Caravaca se ha conseguido en varias ocasiones que la Policía desaloje viviendas ocupadas antes de que haya transcurrido este plazo", continuó, "pero una vez agotado, solo se puede actuar denunciando y notificando el desalojo ante lo cual los 'okupas' suelen utilizar un testaferro y puesto que dichas notificaciones están dirigidas a los 'okupas' establecidos, si estos cambian, se debe iniciar de nuevo el procedimiento con una nueva denuncia, lo que provoca que estos procedimientos se alarguen en el tiempo de forma indeterminada ya que la mayoría de ocupaciones la realizan personas que están acostumbradas a ello y saben cómo actuar para permanecer en las viviendas".
Por lo tanto, "estos procedimientos no solucionan el problema, frustrante para los propietarios y que perjudica gravemente la convivencia vecinal en las zonas afectadas".
"Frente a la actual legislación el Partido Popular ha manifestado en numerosas ocasiones la necesidad de crear un "Plan de Medidas Contra la 'Okupación'" que reduzca esta lacra y garantice el legítimo derecho de los propietarios a recuperar sus viviendas". "Las propuestas de los Populares en este sentido son lógicas y de sentido común":
Desalojo en menos de 24 horas.
Recuperar el delito de usurpación de bienes inmuebles.
Prohibir que los 'okupas se empadronen en la vivienda ocupada.
Endurecer las penas de 'okupación' si se trata de mafias.
"Ante la impasividad del Gobierno de Pedro Sánchez, estas medidas tendrían un efecto inmediato en la mitigación del problema y garantizaría la tranquilidad de los propietarios".
La Región de Murcia a la vanguardia en la defensa de la propiedad
El pasado mes de mayo la Comunidad Autónoma de Murcia se convirtió en la primera en dar el paso de afrontar este problema aprobando una Ley contra la 'okupación' ilegal.
En la aprobación de esta Ley tuvo un peso importante el Diputado Regional, Víctor Martínez-Carrasco quien manifestó: "con la Ley contra la 'okupación' ilegal, la Región de Murcia se sitúa a la vanguardia en la defensa de la propiedad privada". "Somos la primera Comunidad que da el paso de afrontar un problema real, pese a que lo nieguen desde la izquierda y el mismísimo Gobierno de Sánchez, quien ha hecho una transferencia de responsabilidades, se desentienda absolutamente de la cuestión", señaló.
"La propiedad privada, que para el PP es sagrada, no puede supeditarse a otros derechos que deben garantizarse, como el acceso a una vivienda". "Debemos ayudar a quienes más dificultades encuentran, tal y como está haciendo el Gobierno Regional, pero nunca invadiendo la propiedad legítima de ningún ciudadano", concluyó.
