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IU-verdes pide que el ayuntamiento ponga casas de propiedad municipal en servicio de alquiler social para personas desahuciadas

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Asimismo ha pedido que la Comunidad Autónoma ponga en marcha un plan de expropiación temporal, similar al de Andalucía, para garantizar el derecho constitucional a la vivienda

Que el Ayuntamiento de Cartagena, a través de acuerdo plenario, acuerde la financiación de la rehabilitación, a través de la Sociedad Municipal Casco Antiguo, de todos los inmuebles propiedad de la misma para su puesta en alquiler social al objeto de garantizar el derecho a la vivienda; así como que el pleno del consistorio cartagenero inste al Gobierno de la Comunidad Autónoma a que intervenga en las ejecuciones hipotecarias y posteriores embargos a través de la expropiación temporal. Esa es la petición que ha hecho en el día de hoy el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Verdes a través de una moción presentada por el concejal Cayetano Jaime Moltó. La medida solicitada de la expropiación temporal, similar al decreto ley de la Junta de Andalucía, permitiría expropiar, durante un período máximo de tres años, el uso de inmuebles inmersos en procesos de desahucio, con lo que se pretenden garantizar el derecho a la vivienda de aquellas personas con especiales circunstancias de emergencia social que se vean afectadas por procesos de ejecución hipotecaria. El procedimiento sería deaplicación a inmuebles en procedimientos de desalojo por entidades financieras y sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos, que a cambio recibirían el 2% del justiprecio, que es lo previsto en la Ley de Expropiaciones. De esta medida se beneficiarían personas que tengan en la vivienda la residencia habitual y permanente, que tengan un préstamo cuya finalidad sea el pago de la casa, que el desalojo les pueda generar situación de exclusión social acreditada por los servicios sociales municipales, que una de las personas residentes en el inmueble tenga discapacidad, que sea una familia monoparental con dos hijos y también personas cuyas condiciones económicas hayan sufrido importante menoscabo y una situación de endeudamiento sobrevenido respecto a las circunstancias en las que se concedió el préstamo.

Izquierda Unida-Verdes ha recordado que la Junta de Gobierno Local aprobó el pasado 20 de octubre algunas modificaciones en las ordenanzas fiscales, incluyendo la exención del pago de plusvalías a las personas desahuciadas. Medida tardía, ya que IU-Verdes la pidió hace tres años. También medida necesaria, pero insuficiente, ya que el número de desahucios en Cartagena se ha incrementado en el último año en un 30%.

La Sociedad Municipal Casco Antiguo dispone de suelo y tiene la competencia de vivienda, lo que le otorga la posibilidad de recuperar la vida en el centro de la ciudad a través de políticas públicas de vivienda. Sin embargo, desde el Gobierno municipal se está más obsesionado en que la sociedad se dedique a políticas de promoción de suelo que a garantizar derechos constitucionales, como el de la vivienda.

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