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El expresidente de los inspectores de Hacienda rechaza en la UPCT la publicación de la lista de los presuntos blanqueadores

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El expresidente de los inspectores de Hacienda rechaza en la UPCT la publicación de la lista de los presuntos blanqueadores

Julio Ransés denuncia en una conferencia en la Facultad de Ciencias de la Empresa que la Agencia Tributaria “es la segunda peor dotada de Europa” y critica la amnistía fiscal por “injusta” e ineficaz

Con el objetivo de alertar sobre las repercusiones socioecónomicas de un fraude fiscal “que se sitúa en el 20% según todos los informes”, el presidente hasta marzo de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, Julio Ransés Pérez Boga, ha reclamado hoy en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) “una Agencia Tributaria del siglo XXI”, criticando la escasez de medios humanos contra la evasión: “La española es la segunda menos dotada de Europa”.  

“Acabar con el fraude no cuesta, al revés. Toda inversión se ve compensada con una mayor recaudación”, ha insistido Pérez Boga, quien también ha reclamado medidas para reducir las “ventajas ilegítimas” de las que se benefician las empresas trasnacionales, para perseguir la morosidad, para concienciar sobre la labra que supone el fraude fiscal y para combatir la “competencia desleal que supone no cobrar el IVA”, remarcando que España es de los países que menos recauda por este concepto.

El experto tributario, quien ha impartido una conferencia en la Facultad de Ciencias de la Empresa de la UPCT dentro del Foro Economía y Sociedad, se ha posicionado contrario a la publicación de la lista de 705 presuntos blanqueadores de capital a los que Hacienda investiga tras acogerse a la amnistía fiscal. “La transparencia es importante, pero se debe proteger el derecho a la intimidad”, ha declarado Pérez Boga.

“Ningún inspector de Hacienda puede estar de acuerdo con una amnistía fiscal. Es injusta con quien cumple”, ha añadido el expresidente de estos profesionales, que también ha criticado por ineficaz la medida adoptada por el Gobierno central en 2012. “Se consiguió recaudar la mitad de lo esperado y con la obligación de declarar los bienes en el extranjero se ha conseguido aflorar el triple de dinero. No ha compensado el coste en el menoscabo en la conciencia fiscal”, ha resumido.

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