El Ayuntamiento de Cartagena pedirá primero al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia la aclaración de la sentencia que condena al consistorio al pago de una indeminación a las empresas promotoras por la anulación de una licencia para la construcción de unos apartamentos en La Azohía; para después recurrir en casación al Tribunal Supremo, según ha señalado la portavoz del Gobierno Municipal, Obdulia Gómez.
La portavoz ha explicado que tras conocer el fallo judicial, el Ayuntamiento de Cartagena ya está estudiando el camino a seguir para salvaguardar los intereses de la ciudadanía, “que en cualquier caso va a pasar por presentar de de inmediato un recurso de aclaración de la sentencia ante el TSJ”. Del mismo modo, ha hecho hincapié en que “si hay base, que todo indica que así es, el Consistorio presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo”.
Gómez, ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación para hacer una valoración sobre el fallo judicial que se ha conocido este jueves en el que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia ha desestimado un recurso municipal y ha confirmado íntegra la sentencia del Juzgado de Lo Contencioso Administrativo 1 de Cartagena que condenó al Consistorio a pagar 3,4 millones de euros a dos empresas, por haberles anulado la licencia de construcción de 24 apartamentos turísticos en La Azohía y haber cambiado la clasificación de la parcela de privada a pública.
Por ello, Gómez ha señalado desde el Ayuntamiento de Cartagena se agotarán todas las vías judiciales “para intentar que la mala gestión de Segado (entonces concejal de Urbanismo) y del Gobierno del Partido Popular no cuesten a los ciudadanos de Cartagena la friolera de 4 millones de euros”.
Según el fallo emitido hoy por el TSJ, el Ayuntamiento de Cartagena deberá indemnizar a dos mercantiles: Apartamentos Turísticos La Azohía S.L y Bulevar Infante S.L a las cantidades de 3.189.315,91 y 239.111,38 de euros, respectivamente. A estas cantidades habría que añadir las costas del procedimiento y los intereses generados durante estos años, por lo que la cantidad puede superar los 4 millones de euros.
Esta reclamación patrimonial fue interpuesta por ambas empresas el 6 de junio de 2014, como ha recordado la portavoz del Gobierno municipal, Obdulia Gómez, siendo concejal de Urbanismo Francisco Espejo, del Partido Popular.
Asimismo, según ha afirmado la portavoz del Gobierno, la reclamación es consecuencia de una decisión que tomó Joaquín Segado, actual presidente del Partido Popular y de la Autoridad Portuaria en Cartagena, que en su etapa como concejal de Urbanismo- cuando Pilar Barreiro estaba al frente del Consistorio Cartagenero- autorizó el cambio de uso, de privado a público, de la parcela del antiguo cuartel de la guardia civil en La Azohía..
