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CTSSP-Podemos acusa al gobierno de traicionar a Cartagena en favor de las grandes contratas

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CTSSP-Podemos acusa al gobierno de traicionar a Cartagena en favor de las grandes contratas

El grupo municipal considera que el Gobierno no tiene que ser más o menos "exhaustivo" con las concesionarias, sino que simplemente debe vigilar que éstas cumplan con el contrato. Y las empresas deben cumplirlo, prestando el servicio por el que les pagamos, sin llevarse ni un euro de más.

“Lo recogido en los pliegos de condiciones y en las leyes respecto a los contratos de servicios públicos es tan claro, tan de sentido común y de tan fácil cumplimiento, que cuando se ven las maniobras administrativas que está haciendo el Gobierno municipal es porque hay de todo menos lo que tiene que haber: control y garantía de cumplimiento de los contratos, fiscalización de que todo lo que pagamos se ajusta a los costes del servicio, defensa del interés de la ciudadanía de Cartagena…” Así ha valorado Pilar Marcos los anuncios del Gobierno socialista en relación a la disolución de la Comisión Técnica del Agua y a la supuesta creación de un área específica de Infraestructura para fiscalizar a las grandes concesionarias.

En relación al agua, la formación morada, que en su momento se opuso tanto a la fraudulenta bajada de la tarifa como a la (igualmente ilegítima) “Comisión Técnica” montada ad hoc para validarla, exige que dicha Comisión, que sólo sirvió para darle apariencia legal a las apetencias económicas y contractuales de HIDROGEA, ahora rinda cuentas de lo realizado: ¿qué labores ha estado haciendo? ¿qué ha hecho con el trabajo previo de los funcionarios municipales de Infraestructuras? ¿Qué ha pasado con los expedientes sancionadores abiertos a HIDROGEA en 2017? ¿Han caducado o se resolvieron? ¿Han sido “cajoneados”? ¿Por qué razón? ¿Dio por buenos la Comisión los resultados finales del estudio técnico de PW y GECIVAL, aun cuando los informes previos de las auditoras detectaban irregularidades?

Por otro lado, el grupo municipal de Podemos ha negado tajantemente que vaya a existir un departamento o área especial en Infraestructuras como anuncia el Gobierno. Por el contrario, Podemos afirma que lo único que hay es otro ordenamiento más de personal para seguir haciendo el paripé del control de los contratos cuando hay un caos absoluto, generado de forma deliberada. Un caos que el mismo Gobierno ha reconocido, por ejemplo con referencia a la contaminación de los suelos del vertedero o a la venta de subproductos generados en la planta. Un reconocimiento que llega tras años de preguntas y denuncias de CTSSP, y que pese a ser reconocido aún nadie ha asumido responsabilidades ni compensado económicamente en su caso: ni por el supuesto cobro indebido respecto de los subproductos ni por el daño medioambiental en el caso de los suelos del vertedero.

Cómo puede ser que el Gobierno repita una y mil veces el “quien contamina, paga” en relación a El Hondón y que sin embargo no le ha exigido ni a FCC ni a las empresas responsables de la cobertura de los vasos que se hagan responsables y que paguen por la contaminación de los suelos del vertedero, unos suelos de titularidad municipal, y cuya contaminación está sobradamente acreditada en un estudio de la UPCT.

Para Podemos no hace falta crear ningún área específica desde Infraestructuras, como tampoco hacía falta crear una Comisión Técnica Especial para la revisión de la tarifa del agua: lo único que hace falta es cumplir con la ley, con honestidad y valentía, y dejar que los funcionarios municipales hagan su trabajo, poniendo los medios a disposición para que fiscalicen el cumplimiento de los contratos… Sin embargo, como el Gobierno continúa con su política de complicidad y opacidad, rechaza o paraliza las comisiones de investigación, y obstaculiza o ningunea el trabajo de los funcionarios municipales, la formación morada considera indispensable la constitución del Observatorio de la Contratación Municipal, una iniciativa aprobada en Pleno que busca que al menos los grupos de oposición y los representantes vecinales puedan acceder a la información relativa al cumplimiento de los contratos de los servicios públicos privatizados.

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