El alto comisionado de las Cortes Generales ha requerido la "remisión urgente" de los informes solicitado al organismo de la Consejería de Cultura tras pasar tres meses sin que Bienes Culturales le responda
El Defensor del Pueblo abrió esta investigación a la Dirección General de Bienes Culturales de la CARM tras la denuncia de la Asociación AJVA el pasado mes de agosto, iniciando actuaciones el 2 de septiembre, sobre los obstáculos referentes al expediente de protección del "Puente de Aljucer"
AJVA recuerda al Director General de Bienes Culturales, Rafael Gómez Carrasco, que "no es de recibo que sigan impidiendo el ejercicio de los derechos reconocidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, cinco años después de su aprobación" ya que "han tenido tiempo más que suficiente para implantar los procedimientos de acceso electrónico"
Para AJVA "la Consejería de Cultura debe ordenar todas las medidas necesarias para que cualquier ciudadano o asociación pueda consultar los expedientes de protección de monumentos según marca la ley, así como conocer quienes son los responsables de su tramitación y buen desarrollo"
El Defensor del Pueblo ha notificado a la Asociación AJVA que ha requerido de nuevo a la Dirección General de Bienes Culturales de la CARM la "remisión urgente" de los informes sobre la tramitación del expediente de protección del "Puente de Aljucer", donde la asociación había solicitado el ejercicio de diversos derechos reconocidos en la legislación de procedimiento administrativo.
La entidad, que promueve el Centro de Estudios Patrimoniales "Molino de Oliver", consiguió la incoación del procedimiento de protección como bien catalogado por su relevancia cultural del conocido como "Puente de Aljucer", pero tras la iniciación del expediente, Cultura no ha atendido las peticiones para acceder de forma electrónica al expediente ni a ejercer los derechos reconocidos en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esta situación se viene repitiendo en diversos expedientes de protección, tanto de bienes de interés cultural, como de bienes catalogados por su relevancia cultural y de bienes inventariados.
El pasado mes de agosto, AJVA denunció esta situación ante el Defensor del Pueblo, que dos semanas después comunicó el inicio de actuaciones para investigar a la Dirección General de Bienes Culturales, a la que requirió información y documentación sobre la tramitación del citado expediente de protección del "Puente Grande" o "Puente de Aljucer", una construcción reaparecida hace unos años en unas obras bajo la Carretera del Palmar.
El Alto Comisionado de las Cortes Generales de nuestro país ha remitido un nuevo escrito al departamento dependiente de la Consejería de Educación y Cultura, ante su falta de respuesta, informando que "ha solicitado su remisión urgente", "ante la tardanza en recibir la información que esta institución solicitó a la Dirección General de Bienes Culturales de la Región de Murcia".
AJVA recuerda que "estando en vigor una ley que obliga a las asociaciones a hacer el 100% de sus trámites de forma electrónica, y a las administraciones a tramitar también todos sus expedientes de forma digital, no podemos entender que nos quieran obligar a tener que ir a un despacho cerrado a ver los expedientes en papel, tras imprimir documentos electrónicos cuya verdadera validez es la digital", así como "seguir poniendo trabas a la ciudadanía para que acceda a documentación pública que además procede de sus propias solicitudes, como es la protección de Bienes Culturales, solo se puede entender si las administraciones tienen miedo a la participación ciudadana y a la presencia activa de la la gente vigilando la actuación de los responsables públicos".
Por último, la Asociación AJVA ha expresado que "por muchos obstáculos que nos quieran poner los responsables de Bienes Culturales, no vamos a parar en nuestra voluntad de proteger los monumentos y bienes culturales de nuestro entorno, conservar el patrimonio que nos identifica como lo que somos, y poder ejercer los derechos que la ley reconoce a toda la ciudadanía".
