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Las empresas murcianas de la discapacidad y colectivos desfavorecidos de iniciativa social reclaman voluntad política para cumplir con la ley de contratos públicos

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Las empresas murcianas de la discapacidad y colectivos desfavorecidos de iniciativa social reclaman voluntad política para cumplir con la ley de contratos públicos

FEACEM y ADEIRMUR denuncian el desinterés político tras cumplirse dos años de la Ley de Contratos del Sector Público sin que se haya dado cumplimiento a la obligación de aprobar un porcentaje de reserva para estas empresas

Representantes de la Federación Empresarial de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (FEACEM) y de la Asociación de Empresas de Inserción de la Región de Murcia (ADEIRMUR) se han reunido para denunciar la pasividad política tras cumplirse dos años de la Ley de Contratos del Sector Público sin que se haya dado cumplimiento a la obligación de aprobar un porcentaje de reserva de contratos públicos para estas empresas.

Ambas asociaciones han acordado medidas urgentes y coordinadas ante lo que califican de desinterés político y falta de visión para utilizar la contratación pública a la hora de generar empleo para los ciudadanos murcianos con más necesidades de inserción socio laboral.

Con la excepción de los ayuntamientos de Cartagena, Molina de Segura y Bullas y la reciente Instrucción de cuota de reserva del 7% aprobada por el Servicio de Empleo y Formación en el ámbito estricto de los contratos que realiza directamente, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la gran mayoría de ayuntamientos regionales ignora la obligación legal de fijar un porcentaje de reserva de contratación pública a favor de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social  y Empresas de Inserción. 

En cuanto al Estado, aunque obligado a reservar el 8% de su contratación pública en 2020, FEACEM y ADEIRMUR coinciden en que apenas se aprecia el impacto de esta reserva en la Región de Murcia por lo que también solicitarán la mediación de la Delegación de Gobierno para facilitar su introducción como proveedores del Estado.

Ante esta situación de incumplimiento generalizado, Pedro Martínez, en representación de FEACEM Región de Murcia, y José Manuel García Marrero, presidente de ADEIRMUR, han acordado solicitar una reunión a los representantes de la Comunidad Autónoma y  Corporaciones Locales sobre los motivos del retraso en aprobar un acuerdo sobre el porcentaje de reserva toda vez que ambas patronales no han escatimado esfuerzos durante dos años por informar, sensibilizar y reivindicar su aprobación y puesta en marcha.

En la Región de Murcia hay en la actualidad 24 Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y 9 Empresas de Inserción Social, promovidas y representadas por entidades sin ánimo de lucro.  Desde este pequeño tejido empresarial se realiza un esfuerzo ingente por prestar servicios de calidad y suministrar productos en el mercado competitivo ordinario. Sin embargo, las Administraciones desconocen que pueden y deben contratar realizando reserva de mercado dichos productos y servicios.  

La discriminación positiva en la contratación pública, también llamada porcentaje de reserva o ‘reserva de mercado’, se justifica porque existe una discriminación real en el mercado laboral que la Unión Europea quiere combatir para construir una Europa Social con más igualdad y oportunidades para sus ciudadanos.

Para ambas asociaciones patronales, resulta incomprensible que en la Región de Murcia, a diferencia de otras Comunidades donde la reserva de mercado se está implementando con éxito, a estas alturas no se entienda la rentabilidad de las políticas activas y la oportunidad que supone generar empleo entre las personas más desfavorecidas contratando los productos y servicios de estos modelos económicos sociales con los presupuestos existentes, sin generar más gasto público.

Por último, expresar la preocupación de ambas entidades para que a esta medida no le ocurra lo mismo que a la obligación de incorporar en las plantillas de las empresas de más de 50 trabajadores a al menos un 2% de empleados con discapacidad, obligación que existe desde hace mas de 30 años pero que a día de hoy sigue sin cumplirse por buena parte de las mismas.   

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