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La justicia perdona a un funcionario el pago de 110.000 euros y le permite conservar su vivienda

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La justicia perdona a un funcionario el pago de 110.000 euros y le permite conservar su vivienda

El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Murcia ha sido el encargado de cancelar todas las deudas pendientes con numerosas entidades financieras y, además, permitiéndole mantener su vivienda en propiedad.

A partir de esta resolución, este vecino puede comenzar de cero financieramente y solicitar la salida inmediata de todos los ficheros de morosos en los que esté incluido.

El caso ha sido llevado íntegramente por los abogados de una entidad especializada en procedimientos de insolvencia de ámbito nacional.

Cancelar la totalidad de la deuda pendiente y mantener tu vivienda habitual

Frecuentemente, los empleados públicos tienen más facilidades para obtener créditos que otros perfiles con ingresos menos estables. En este caso, este murciano solicitó diferentes préstamos para reformar su vivienda y ayudar a algunos familiares cercanos con dificultad para acceder a esa financiación.

Sin darse apenas cuenta comenzó a aumentar la cuantía a deber hasta llegar a los 108.199,29 euros totales con diferentes financieras. El problema estalló cuando los familiares a los que ayudó no tuvieron solvencia para pagar las cuotas de las deudas. A pesar de que el interesado intentó hacer frente a la cuota mensual total (más de 1.500 euros), llegó el momento en el que le era imposible compaginarlo con los gastos básicos.

Pronto comenzaron las llamadas por parte de las entidades bancarias reclamando el cobro de la deuda e incluso amenazas de embargo sobre su vivienda. Esto generó una situación de intranquilidad y estrés en el interesado al ver cómo peligraba su vida habitual por lo que decidió buscar un mecanismo para protegerse y solucionar su situación económica.

Fue entonces, a mediados de 2019, cuando acudió a los abogados de una entidad especializada en procedimientos de insolvencia de ámbito nacional. Tras ser asesorados por estos abogados decidió declararse insolvente y tramitar el comúnmente denominado "proceso de la Ley de la Segunda Oportunidad".

Un aspecto de importancia para este vecino era mantener su vivienda pero desde la Asociación le aseguraron que iba mantener ese bien tras el procedimiento. Así lo explica Andrea Olcina, abogada de la Asociación "siendo su residencia habitual, llevando al día el préstamo hipotecario y, además, siendo propietario del 50% de la misma la posibilidad de liquidación es casi nula".

Consecuencias de iniciar los primeros trámites preconcursales

Solo con iniciar el procedimiento obtuvo un beneficio inmediato: suspender intereses de demora, permitiéndole un ahorro mensual, y proteger su vivienda ante posibles embargos. Esto proporcionó un respiro económico fundamental para el asociado, que afectó también a la mejora de su salud.

Posteriormente, se intentó llegar a un acuerdo con los acreedores para afrontar la deuda acorde a sus posibilidades. Esta solución amistosa resultó totalmente imposible, dada la negativa por parte de los terceros a aceptar tal propuesta.

Esto que puede sonar como una mala noticia, sin embargo, hizo que los deudores tuvieran el derecho al 100% del perdón de sus deudas, ya que ellos de buena fe intentaron pagar algo, y fueron causas ajenas a su voluntad las que lo evitaron. El resultado esperado, es decir, la exoneración del pago de los créditos fue concedido por el Juzgado el pasado 17 de enero.

Requisitos que marca la Ley de la Segunda Oportunidad

Para acogerse al procedimiento es necesario cumplir una serie de requisitos. Estos son: la insolvencia del interesado, que la cuantía global de la deuda no supere los cinco millones de euros, el intento de un acuerdo de pagos y, por supuesto, que no haya sido condenado por delitos socioeconómicos. Todo esto se resume en que el solicitante sea un deudor "de buena fe".

Una vez comprobadas estas condiciones, el juez encargado del presente caso no ha tenido dudas y ha perdonado a este funcionario la totalidad de las obligaciones pendientes de abonar hasta la fecha.

Esta resolución dictada el pasado 17 de enero de 2022 concediendo el BEPI (Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho) ha supuesto dejar a estos deudores libres de pagar 108.199,29 euros y mantener su vivienda en propiedad.

Desde entonces, los acreedores de los asociados no podrán reclamar ningún pago más al ya ex-deudor ni incluirlo en ficheros de morosos.

No es el primer caso en el que la entidad especializada en procedimientos de insolvencia de ámbito nacional consigue exonerar a un funcionario dada su elevada facilidad para financiarse. El más reciente fue el 17 de noviembre en Sevilla liberando a un matrimonio, siendo ambos empleados públicos, más de 125.000 euros de deuda. Todas las sentencias son de acceso gratuito en la web de la entidad.

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