Informe de los auditores sobre los pasivos contingentes relacionados con el mecanismo de resolución bancaria de la UE

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Informe de los auditores sobre los pasivos contingentes relacionados con el mecanismo de resolución bancaria de la UE

Para el ejercicio 2022, la Junta Única de Resolución (JUR), la Comisión y el Consejo no comunicaron pasivos contingentes respecto a la resolución de bancos inviables en la zona del euro.

La JUR comunicó pasivos contingentes relativos a la aportación de los bancos al Fondo Único de Resolución (FUR) por un total de 1 892 millones de euros, frente a los 8 millones de euros de 2021.

Los riesgos financieros para el Mecanismo Único de Resolución de la UE, que se utiliza para gestionar la liquidación ordenada de los bancos inviables, son examinados cada año por el Tribunal de Cuentas Europeo. En un informe publicado hoy, los auditores no hallan pruebas que sugieran que los pasivos contingentes de la JUR, la Comisión y el Consejo derivados de sus funciones de resolución bancaria fueron declarados incorrectamente de manera significativa en sus cuentas de 2022.

La JUR desempeña un papel clave en el sistema de resolución bancaria de la UE. Supervisa el FUR, un fondo de emergencia que puede utilizarse en tiempos de crisis para resolver bancos inviables en los veintiún países de la unión bancaria. Los bancos de la unión bancaria pagan las aportaciones al fondo durante un período inicial de ocho años que finaliza en 2023, con el propósito de alcanzar un nivel fijado como objetivo final (estimado por la JUR en 2022 en torno a 80 000 millones de euros). La Comisión y el Consejo de la UE también pueden participar en las decisiones de liquidación de un banco inviable. Cuando revelan pasivos contingentes en sus cuentas, estos organismos consideran que existe el riesgo de que tengan que efectuar futuros desembolsos debido a procedimientos judiciales en curso contra sus decisiones de resolución o no resolución, o en relación con la protección de los acreedores o las aportaciones bancarias al FUR (esto último se aplica únicamente a la JUR).

En junio de 2023, cuando se cerraron las cuentas de 2022 de los tres organismos, estaban pendientes varios procedimientos judiciales ante los órganos jurisdiccionales nacionales y de la UE contra sus decisiones de resolución o de no resolución, incluida la decisión de la JUR acerca de si procedía conceder una compensación a los accionistas y acreedores en determinados casos. La JUR, la Comisión y el Consejo no notificaron pasivos contingentes para 2022 a este respecto, pues consideraron que solo existía una probabilidad remota de que los litigios tuvieran un resultado negativo para ellos, o que la JUR no podía cuantificar el posible efecto financiero en los asuntos tramitados en el ámbito nacional.

Al mismo tiempo, estaban pendientes una serie de procedimientos judiciales contra la JUR ante los órganos jurisdiccionales nacionales y de la UE en relación con las aportaciones ex ante de los bancos al FUR. Como consecuencia principalmente de los nuevos motivos jurídicos invocados ante los órganos jurisdiccionales de la Unión en 2022, los pasivos contingentes de la JUR alcanzaron los 1 891,6 millones de euros en 2022, frente a los 8,1 millones de euros de 2021. La mayoría de los motivos estaban relacionados con varios bancos que habían cuestionado el nivel fijado como objetivo anual del fondo para el importe que debía recaudarse en 2022 con el fin de alcanzar el objetivo final estimado por el FUR. En particular, impugnaban la decisión de la JUR de solicitar un importe de alrededor de 14 000 millones de euros para 2022.

Las evaluaciones del resultado de los procedimientos judiciales son complejas. Sin embargo a los auditores no les consta ningún indicio de incorrección material en la declaración de los pasivos contingentes derivados de la realización, por parte de la JUR, la Comisión y el Consejo, de sus funciones de resolución. No obstante, la JUR debe reforzar sus sistemas de control para documentar mejor su razonamiento respecto a los asuntos pendientes ante los órganos jurisdiccionales de la UE en los que estima remota la probabilidad de un potencial desembolso.

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