El Sindicato de Médicos y Facultativos de Madrid (SIME), federado en CSIT UNIÓN PROFESIONAL, ha presentado sus alegaciones en el trámite de audiencia pública del Anteproyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios, elaborado por el Ministerio de Sanidad y publicado el pasado 29 de abril.
Desde el respeto institucional y el reconocimiento del papel esencial de todos los profesionales sanitarios, SIME considera necesario preservar la coherencia del marco normativo vigente y reforzar las garantías de seguridad clínica en el uso de medicamentos.
Entre las principales propuestas presentadas destacan:
Preservar la prescripción médica como competencia específica y propia del personal médico, conforme a la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que establece claramente esta responsabilidad junto al diagnóstico y la indicación terapéutica.
Condicionar cualquier futura habilitación a la prescripción no médica a un desarrollo normativo específico, que detalle los requisitos formativos, protocolos y límites competenciales, evitando así ambigüedades e inseguridad jurídica.
Garantizar la participación de los colegios profesionales y sociedades científicas en la elaboración de protocolos de uso compartido, asegurando el rigor técnico y clínico.
Reforzar la transparencia, haciendo públicos todos los protocolos aprobados y accesibles desde el Ministerio de Sanidad.
Establecer mecanismos de evaluación y supervisión periódica del uso de medicamentos por personal no médico, con la implicación de comisiones de farmacoterapia multidisciplinares.
Asimismo, SIME ha solicitado que cualquier profesional no médico que acceda a competencias relacionadas con medicamentos cuente conformación específica acreditada oficialmente, homogénea para todo el Sistema Nacional de Salud, y que las competencias se apliquen de forma equitativa en todo el territorio nacional paraevitar desigualdades asistenciales.
SIME reafirma su compromiso con la calidad, la seguridad del paciente y la colaboración entre profesionales, y ofrece su plena disposición para participar en los procesos de desarrollo normativo que contribuyan a mejorar el uso racional de los medicamentos en beneficio del conjunto del sistema sanitario.
