Los empresarios han instado la paralización inmediata de las obras y la revisión completa del expediente administrativo, incluyendo una investigación independiente sobre la tramitación de la DIA y las responsabilidades técnicas y políticas derivadas de estas graves irregularidades.
La Asociación de Empresarios del Polígono Industrial La Polvorista manifiesta su más firme rechazo y preocupación tras conocerse que la empresa promotora del proyecto de planta de biogás, HEYGAZ SPAIN S.L. (Efedós), comunicó unas distancias erróneas a instalaciones industriales peligrosas en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), como ha revelado este 9 de mayo la periodista Rosa Roda en el medio RRNEWS.
Según dicha información, la empresa sustituyó las distancias reales en línea recta por distancias viarias, obviando que el riesgo de un accidente grave —incendio, explosión o fuga tóxica— no sigue el trazado de las carreteras, ni circula en las rotondas ni respeta señales de stop. Esta maniobra habría evitado la obligación de realizar el preceptivo estudio del “efecto dominó”, exigible por ley cuando existen instalaciones peligrosas en un radio inferior a un kilómetro. Entre las industrias afectadas se encuentran una gasolinera a tan solo 500 metros y empresas como PROBELTE FACTORIES, S.A.U. y FRANCISCO ARAGÓN, S.L., a 766 y 800 metros, respectivamente, dedicadas a la producción de productos peligrosos.
Resulta especialmente alarmante que ni la Dirección General de Salud Pública y Adicciones, ni la Dirección General de Seguridad y Emergencias hayan emitido el informe obligatorio sobre riesgos en el entorno industrial. A pesar de ello, la Dirección General de Medio Ambiente, cuyo titular es Juan Antonio Mata Tamboleo, firmó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), sin detectar —o sin querer revisar— estas omisiones e informaciones incorrectas en el expediente.
Ante esta situación, la Asociación de Empresarios de La Polvorista anuncia que ya ha interpuesto recurso administrativo contra la licencia urbanística otorgada por el Ayuntamiento de Molina de Segura, advirtiendo que el proyecto podría vulnerar la legislación de seguridad industrial, ambiental y urbanística.
Además, se exige la paralización inmediata de las obras y la revisión completa del expediente administrativo, incluyendo una investigación independiente sobre la tramitación de la DIA y las responsabilidades técnicas y políticas derivadas de estas graves irregularidades.
El proyecto representa una amenaza inaceptable para la seguridad de los más de 6.000 trabajadores que operan en el polígono y para la supervivencia de las más de 300 empresas allí instaladas. El tejido económico de Molina de Segura no puede quedar expuesto a un riesgo industrial de esta magnitud por un proyecto basado en datos erróneos y validados por la inacción e incompetencia de las autoridades locales y regionales. Y aún más preocupante resulta que haya cientos de niños y niñas, alumnos de tres centros educativos muy cercanos a la planta y miles de familias que habitan en las urbanizaciones ubicadas dentro del radio de dos kilómetros de distancia de la planta.
La seguridad, la legalidad y el respeto al entorno empresarial deben prevalecer por encima de cualquier interés particular o económico.
