El final del verano y del periodo vacacional y la vuelta al cole, han dejado al descubierto una realidad que se repite año tras año: los microcréditos, presentados como una solución rápida y sencilla para emergencias puntuales, se han convertido para muchos consumidores en una trampa financiera de consecuencias nefastas.

Así lo refleja el notable aumento de reclamaciones gestionadas por Ézaro Legal durante los meses de julio y agosto, periodo en el que la firma ha recibido a más de 2000 afectados.

La mayoría de estos préstamos oscilaban entre los 300 y 500 euros, cantidades aparentemente pequeñas que, sin embargo, acaban generando deudas mucho mayores por la aplicación de intereses desproporcionados. Y es que los microcréditos, definidos como préstamos de importe reducido —generalmente inferior a los 1.000 euros—, se conceden con extrema rapidez y con un plazo de devolución muy corto, a menudo inferior a los 30 días. Esa inmediatez, que parece una ventaja, esconde un modelo de negocio basado en aplicar TAEs que pueden superar el 3.000%.

Desde la firma legal señalan que, en muchos casos, los clientes no son conscientes de los términos contractuales que aceptan. Lo que comienza como una solución rápida a un imprevisto económico termina convirtiéndose en una espiral de deuda que se retroalimenta con nuevos microcréditos. Una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Álava, de junio de 2025, reconocía precisamente este fenómeno, apuntando que la reiteración de contratos con las mismas condiciones no puede interpretarse como comprensión o aceptación informada por parte del consumidor, sino como evidencia de una necesidad económica grave y una posición de vulnerabilidad.

La clave legal está en la Ley de Represión de la Usura, que permite declarar nulo cualquier préstamo que imponga un interés notablemente superior al normal del dinero y que sea manifiestamente desproporcionado respecto a las circunstancias del prestatario. Esta ley, junto con la doctrina consolidada del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, proporciona el marco legal para solicitar la nulidad del contrato y exigir la devolución de las cantidades cobradas de forma indebida.

“El problema no es que alguien pida 300 euros para llegar a fin de mes; el problema es que acabe debiendo 600 en apenas semanas por culpa de intereses y comisiones desmedidas”, explican desde el departamento jurídico de Ézaro Legal. Para los abogados de la firma, la clave está en desmontar la falsa normalidad con la que operan estas entidades, muchas de las cuales alegan que sus prácticas son legítimas simplemente porque toda la industria actúa igual.

El verano de 2025 ha sido una prueba más de cómo estas prácticas se intensifican en periodos de mayor fragilidad económica.

Ézaro Legal es una firma especializada en trabajar para clientes que se ven sobrepasados por estos intereses que rozan la usura. A través de un servicio 100% online y sin adelantos económicos, la firma ofrece a los afectados la posibilidad de recuperar las cantidades pagadas de más o incluso de anular el contrato completo si se demuestra la existencia de condiciones abusivas. Estas condiciones suelen manifestarse en forma de intereses remuneratorios exorbitantes, comisiones ocultas, penalizaciones poco transparentes o una total falta de información sobre el coste real del préstamo.