La Asociación Regional de empresarios del mueble y la madera de la Región de Murcia (AREMA) expresa su profunda preocupación y rechazo ante la implantación de la tasa de recogida de basura que varios ayuntamientos están aplicando bajo el amparo de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Arema considera que se está interpretando de forma errónea y recaudatoria la ley, imponiendo a las empresas un coste adicional que va más allá del principio de "quien contamina, paga", establecido en la normativa estatal y, en lugar de fomentar la economía circular aumenta la presión fiscal sobre el ciudadano y la empresa.

La asociación recuerda que la mayoría de las industrias ya gestionan sus residuos a través de operadores autorizados, asumiendo los costes de recogida, transporte y tratamiento. Además de asumir los costes que supondrá la puesta en marcha de la legislación sobre la responsabilidad ampliada del productor, y los SCRAPS ( Sistemas colectivos o individuales de gestión de residuos) específicos de cada sector.

Pagar, además, una tasa municipal por un servicio que no se utiliza supone una doble imposición encubierta, incumpliendo el principio de proporcionalidad y eficiencia ambiental.

Nos enfrentamos nuevamente a un freno grave sobre la competitividad de las pymes, no todas las localidades las tienen y cada una de ellas las basa en criterios totalmente particulares. En la mayoría de los casos, por ejemplo, las tasas se implementan en base a los metros cuadrados de suelo industrial ocupados, independientemente del volumen de residuo que generen o, incluso a la producción que tengan.

La sostenibilidad no puede construirse sobre más impuestos. Si se penaliza a quien cumple, se desincentiva la inversión en prácticas responsables y en innovación ambiental.

AREMA, realiza un llamamiento a una aplicación coherente de la ley garantizando:

Que el cobro se base en el volumen y tipo de residuos realmente generados.

Que se excluya de la tasa a las empresas que ya acreditan una gestión individualizada y conforme a la normativa.

Que se asegure transparencia y destino final de los fondos a fines medioambientales.

Las empresas del sector del mueble de la Región de Murcia apoyan indiscutiblemente la transición hacia una economía circular, pero debe hacerse con criterios técnicos y justicia económica, no con medidas recaudatorias que ponen en riesgo la actividad y el empleo.