La aplicación desigual de la tasa de residuos genera controversia jurídica y social.

Desde la entrada en vigor de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados, los ayuntamientos de toda España están obligados a establecer una tasa específica para financiar los servicios de recogida y tratamiento de residuos urbanos. Sin embargo, la forma en que cada consistorio ha configurado esta obligación legal ha suscitado una creciente polémica entre los ciudadanos y los expertos en derecho administrativo.

Desde Acountax Madrid, despacho especializado en asesoramiento fiscal y contencioso, explican que el debate se centra en si la tasa cumple realmente con el principio europeo de “quien contamina, paga”, o si, por el contrario, se está aplicando de manera arbitraria e injusta en muchos municipios.

La falta de criterios comunes, origen del conflicto

La Ley 7/2022 obliga a que la tasa sea “específica, diferenciada y no deficitaria”, reflejando el coste real del servicio, desde la recogida hasta la vigilancia posterior al cierre de vertederos. Sin embargo, la norma no establece cómo debe calcularse ni qué criterios deben usarse para determinar las tarifas, las exenciones o las posibles reducciones.

Esta indefinición ha provocado que cada ayuntamiento diseñe su propio sistema, dando lugar a importantes desigualdades. Mientras algunos municipios aplican una tarifa fija para todos los contribuyentes, otros, como el Ayuntamiento de Madrid, han optado por un modelo mixto que combina una parte fija y otra variable.

En el caso de Madrid, la parte fija representa el 80% importe total y se calcula según el valor catastral del inmueble. El 20 % restante depende de la media de residuos generados por barrio y de un coeficiente de calidad en la separación de los mismos. Este sistema, según advierten desde Acountax Madrid, genera serias dudas sobre su equidad, ya que no refleja ni la capacidad económica de los vecinos ni la cantidad real de residuos que producen.

¿Un sistema justo o una penalización encubierta?

El uso del valor catastral como referencia plantea problemas de proporcionalidad, pues dos familias con viviendas de igual valor pueden tener niveles de renta muy diferentes. De este modo, la tasa podría vulnerar el principio de equidad y progresividad tributaria recogido en el artículo 31.1 de la Constitución Española.

Asimismo, el cálculo de la parte variable mediante medias por barrios penaliza a quienes realizan un correcto reciclaje o generan menos residuos, ya que el sistema aplica el mismo coeficiente a todos los vecinos, sin diferenciar hogares de locales comerciales o pisos turísticos. En la práctica, explican desde el despacho, “pagan justos por pecadores”, ya que la cantidad final depende más del comportamiento medio del barrio que del esfuerzo individual de cada contribuyente.

Recursos y vías legales para los ciudadanos

Ante esta situación, cada vez son más los vecinos que presentan recursos de reposición frente a las notificaciones de la tasa de basuras, especialmente en ciudades como Madrid. Dichos recursos deben presentarse en el plazo de 30 días desde la recepción del recibo. Si el ayuntamiento no responde o rechaza la reclamación, se abre la vía del recurso contencioso-administrativo ante los tribunales.

Desde Acountax Madrid aconsejan revisar detenidamente la fórmula de cálculo aplicada por cada consistorio y solicitar asesoramiento jurídico especializado antes de iniciar cualquier procedimiento. Un análisis técnico puede determinar si la tasa se ajusta o no a los principios de legalidad, proporcionalidad y justicia tributaria.

Hacia una gestión más justa y transparente

La tasa de basuras ha reabierto un debate esencial: cómo equilibrar la sostenibilidad ambiental con un sistema tributario municipal equitativo. Hasta que exista un marco normativo más homogéneo, los ciudadanos deberán permanecer atentos a las ordenanzas locales y recurrir, con el debido apoyo profesional, aquellas tasas que consideren injustas.

Para resolver dudas o recibir asesoramiento sobre recursos relacionados con la tasa de basuras, puede consultarse el portal de Acountax Madrid, donde ofrecen orientación especializada en derecho fiscal y contencioso administrativo.