La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones ha convocado para este jueves 26 de febrero una nueva jornada estatal con concentraciones en más de un centenar de localidades de todo el país con el lema 'Somos 49 millones para Blindar las Pensiones en la Constitución'.

En Murcia la concentración se realizará frente a la Delegación del Gobierno a las 12,30 horas, donde a las 13h serán recibidos por el Delegado, Francisco Lucas, al que harán entrega de más de 17.500 firmas de ciudadanos de la Región que han apoyado la garantía constitucional del mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones públicas.

En la Región, este jueves también se celebrarán concentraciones en la Plaza del Ayuntamiento de Cartagena y junto al Centro de mayores en Caravaca.

Ese mismo día, a las 11h en el Ateneo de Madrid, C/ Prado 21 de Madrid, la MERP presentará el manifiesto de 100 relevantes juristas, que avalan la necesidad de blindar las Pensiones públicas en la Constitución, que concretan en:

Una reforma que incluya la prohibición expresa de que cualquier gobierno pueda recortar o privatizar, total o parcialmente, el Sistema Público de Pensiones. Un artículo que recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones públicas y, por tanto, la imposibilidad de que ningún tipo de medida o discriminación, ya sean recortes, subidas de impuestos, copagos, aumento de las tarifas de los servicios básicos, discapacidad o cualquier otra pueda afectar a las pensiones, excepto aquellas que sean favorables para ellas, aumentando su protección y rango como derecho constitucional.

El Sistema Público de Pensiones es un pilar de la cohesión social, es la principal fuente de justicia e igualdad y debe garantizar las condiciones de vida de la mayoría, porque somos 49 millones de pensionistas, del presente o del futuro.

En este sentido, los convocantes rechazan que la aprobación de la revalorización anual de las pensiones dependa de los intereses coyunturales de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, como ocurrió el pasado 27 de enero cuando se rechazaron al vetar el real decreto-ley ómnibus donde se incluyeron inicialmente.