El nuevo decreto ómnibus, que se vota este jueves en el Congreso, incluye la prórroga de varios incentivos fiscales en el IRPF que estaban previstos en el Real Decreto-ley 16/2025, aprobado en diciembre, y que caducan si no se extienden

Entre las medidas en el aire están la deducción por la compra de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible, la deducción por la instalación de puntos de recarga y la deducción por obras de mejora de eficiencia energética en viviendas

El decreto también incluye la prórroga de los límites excluyentes del método de estimación objetiva (módulos) para autónomos y la imputación reducida de rentas inmobiliarias al 1,1 %

Madrid, 25 de febrero de 2026 Mañana jueves el Congreso de los Diputados vota la convalidación del Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, conocido como el nuevo "decreto ómnibus". Aunque el debate político se ha centrado en la prórroga de la suspensión de los desahucios, la norma recoge también un paquete relevante de incentivos fiscales en el IRPF que, de no aprobarse, quedarán sin efecto para este año. Así lo advierten desde TaxDown.

Las deducciones "verdes" que quedan en el aire

El Real Decreto-ley 16/2025, aprobado el pasado 23 de diciembre, amplió hasta el 31 de diciembre de 2026 la deducción por la adquisición de vehículos eléctricos "enchufables" y de pila de combustible, así como la deducción por la instalación de puntos de recarga en inmuebles propios. Ambas medidas, con efectos desde el 1 de enero de 2026, permitían a los contribuyentes deducirse un porcentaje de lo pagado por la compra de este tipo de vehículos o por la instalación del cargador en su garaje.

El nuevo decreto ómnibus recoge la extensión temporal de estos incentivos, en línea con el Plan España Auto 2030 y con los objetivos de descarbonización. Si el decreto no se aprueba, los contribuyentes que hayan comprado o tengan previsto comprar un vehículo eléctrico en 2026, o instalar un punto de recarga, perderán el derecho a aplicar la deducción correspondiente en su declaración de la Renta, según informan los expertos fiscales de TaxDown.

En el mismo paquete de medidas "verdes" se encuentra la deducción por obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas, regulada en la disposición adicional quincuagésima de la Ley del IRPF. Esta deducción abarca tres tramos:

Obras de reducción de la demanda de calefacción y refrigeración: se prorrogaría hasta el 31 de diciembre de 2026 el plazo para realizar las obras y hasta el 31 de diciembre de 2027 el plazo para alquilar la vivienda en caso de expectativa de arrendamiento.

Obras de mejora en el consumo de energía primaria no renovable: mismo plazo de prórroga.

Obras en edificios de uso predominantemente residencial: el plazo se ampliaría hasta el 31 de diciembre de 2027.

Sin la aprobación del decreto, el perjuicio es doble: por un lado, quienes hayan realizado obras en 2025 contando con este incentivo no podrán aplicarse la deducción en la campaña de la Renta de este año; por otro, quienes estén ejecutando o planificando rehabilitaciones en 2026 tampoco podrán beneficiarse de ella más adelante.

Los módulos de autónomos, también en riesgo

Otra de las medidas tributarias que depende del decreto es la prórroga para 2026 de los límites excluyentes del método de estimación objetiva (los llamados módulos) para pequeños autónomos. Sin esta prórroga, los umbrales de ingresos y compras que determinan quién puede acogerse a este régimen simplificado caerían a niveles inferiores, lo que obligaría a muchos autónomos a cambiar de método de tributación con escaso margen de tiempo para adaptarse.

En la misma línea, el decreto recoge el mantenimiento del porcentaje de imputación de rentas inmobiliarias del 1,1 % para inmuebles cuyos valores catastrales hayan sido revisados desde el 1 de enero de 2012. De no aprobarse, este porcentaje subiría al 2 %, lo que supondría un incremento de la carga fiscal para los propietarios afectados.

Hacienda dispone de 4 años para revisar posibles errores

Independientemente de lo que ocurra mañana en el Congreso, TaxDown recuerda que la Agencia Tributaria dispone de un plazo de revisión de hasta 4 años sobre las declaraciones del IRPF. Esto significa que Hacienda tendrá hasta 2029 para revisar la declaración de la Renta de 2025 y reclamar posibles diferencias si el contribuyente se hubiera aplicado deducciones que finalmente no están vigentes.