El Sindicato Independiente de la Comunidad de Madrid (SICM), federado en CSIT UNIÓN PROFESIONAL, denuncia la decisión de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid de privatizar, sin argumentos de rigor, el servicio de limpieza, así como las taquillas y controles de acceso de las instalaciones deportivas públicas dependientes de la Comunidad de Madrid.
CSIT UNIÓN PROFESIONAL, primer sindicato en representatividad entre el personal funcionario y laboral de la Administración de la Comunidad de Madrid, considera que la decisión de privatizar este servicio que afecta en concreto al Parque Deportivo Puerta de Hierro, Centro de Natación Mundial 86, San Vicente de Paul e Instalaciones Deportivas Canal Isabel II, conlleva la pérdida del control directo de la Consejería en la gestión y degrada progresivamente la calidad del servicio público que se presta.
La privatización de este servicio, anunciada la semana pasada a las organizaciones sindicales de la Comisión Paritaria de vigilancia, interpretación y desarrollo del Convenio Colectivo Único del personal laboral de la Administración de la Comunidad de Madrid, conlleva la precarización del empleo, además de no repercutir en un ahorro en el presupuesto público. CSIT UNIÓN PROFESIONAL denuncia que la privatización de la gestión supondrá salarios más bajos y peores condiciones de trabajo, ya que las retribuciones en la empresa adjudicataria, son notablemente inferiores a las de los empleados públicos, sin ser estas apropiadas.
CSIT UNIÓN PROFESIONAL acusa a la Consejería de seguir una política de privatizaciones "por obsesión", sin rigor ni razones objetivas, que deteriora los servicios públicos y favorece intereses privados frente al interés general. Por ello, el sindicato exige la paralización inmediata de la privatización del servicio de limpieza de las instalaciones deportivas públicas, así como de taquillas y controles de acceso, dado que no aporta mayor calidad de gestión ni ahorro al presupuesto público y reclama que se abandonen decisiones que degradan los servicios públicos y precarizan el empleo.
La primera fase de la privatización aborda el servicio de limpieza, que afecta a 54 puestos de trabajo públicos en estas instalaciones deportivas, de los que 48 están actualmente ocupados y 8 vacantes, entre los que se incluyen 7 puestos en turno de noche. De esos 54 puestos de empleo público, 45 corresponden a personal auxiliar de servicios, 1 encargada y 8 a tiempo parcial de fines de semana y festivos. El sindicato subraya que esta medida no solo precariza el empleo existente, sino que impide crear nuevos puestos públicos o mejorar los actuales, consolidando un modelo laboral con peores condiciones de trabajo y peor remunerado.
La oferta de la empresa adjudicataria, ALANA SERVICIOS INTEGRALES S.L.U., inicialmente considerada presunta baja temeraria al estar por debajo del precio de mercado asciende a más de 1,31 millones de euros anuales en 2026 y 1,35 millones de euros anuales en 2027. Según cálculos de CSIT UNIÓN PROFESIONAL, con ese mismo coste, la Comunidad de Madrid podría mantener toda la plantilla pública actual cubriendo los 54 puestos de trabajo afectados por la privatización, incluso crear 8 nuevos puestos de trabajo para fines de semana y festivos.
