Los Estados miembros de la UE otorgaron hoy a la Presidencia del Consejo un mandato para iniciar negociaciones con el Parlamento Europeo sobre la reforma del reglamento de derechos de los pasajeros aéreos de la UE (CE 261). La Asociación de Defensores de los Derechos de los Pasajeros (APRA) y destacados académicos advierten que el mandato del Consejo -que propone elevar el umbral de compensación de 3 a 4 horas y limitar las indemnizaciones a 300 €, independientemente de la distancia del vuelo- tendría consecuencias desastrosas para millones de viajeros europeos, desmantelando unas protecciones que han salvaguardado de forma eficaz a los pasajeros durante más de 20 años.

Se prevé que estas cuestiones, sensibles políticamente, se eleven al próximo proceso de conciliación entre el Consejo y el Parlamento Europeo.

El Consejo se mueve para desmantelar lo que ha funcionado durante dos décadas

"Durante más de 20 años, la CE 261 ha sido un modelo de referencia en materia de derechos de los pasajeros para redactar las regulaciones en otras regiones del mundo. El reglamento ha demostrado ser altamente eficaz para mejorar el rendimiento de las aerolíneas; por ejemplo, un reciente estudio revisado por pares, recogía que las cláusulas actuales de la CE 261 reducen anualmente el equivalente a 8.400 años el tiempo de los retrasos que sufren los 1.100 millones de pasajeros aéreos que viajan cada año en Europa. Al mismo tiempo, el sector de la aviación ha seguido creciendo y se ha mantenido altamente competitivo", afirma Tomasz Pawliszyn, presidente de APRA.

El escenario propuesto no sólo recortaría los derechos de los pasajeros a la mitad, dejando a quienes quedan varados durante horas en los aeropuertos con pocas opciones para reclamar -los vuelos con derecho a indemnización económica se reducirían del 0,43% al 0,2%-, sino que una compensación menor complicaría que los pasajeros pudieran ejercer el derecho de hacerlo debido a los altos costes administrativos de emprender un proceso judicial. "También perjudicaría a todo el sector de la aviación y pondría en riesgo a las aerolíneas regionales, para las cuales la CE 261 ha demostrado ser un incentivo clave para mantener los niveles de servicio en rutas menos competitivas", comenta Pawliszyn.

Un mandato que favorece el aumento de los retrasos

La propuesta del Consejo de elevar el umbral de retraso y limitar las indemnizaciones eliminaría la exigencia de responsabilidades a las aerolíneas, eliminando aquellas reglas que actualmente mantienen los retrasos bajo control.

"Elevar el umbral de retraso no ahorra dinero a las aerolíneas. Les incentiva a retrasarse más", afirma Pawliszyn. "La única forma en que las aerolíneas podrían ver aumentados sus costes bajo las normas actuales sería si retrasaran deliberadamente más vuelos, y unos umbrales de retraso más altos les darían todos los incentivos para hacerlo".

"Actualmente la CE 261 alinea los incentivos de las aerolíneas con los intereses de los pasajeros. Debilitar las normas invierte esa alineación, recompensando los retrasos y castigando a los viajeros. Ahora mismo, la CE 261 motiva a las aerolíneas a actuar de forma responsable, manteniendo al mismo tiempo los costes de compensación en niveles moderados. El plan del Consejo pretende que millones de pasajeros acepten retrasos más largos sin posibilidad de recurso".

No obstante, esta revisión que supone un paso atrás en la normativa de derechos de los pasajeros sigue siendo rechazada por varios gobiernos como, por ejemplo, Alemania, Portugal y Eslovenia, que subrayaron que aceptar iniciar conversaciones no implica respaldar propuestas que debilitarían los derechos de los pasajeros.