Grupo Logalty presenta un análisis sobre la implantación de la lectura de MiDNI en España

La tasa se eleva al 80% en sectores con alta presencialidad como la hostelería o el comercio minorista, mientras que menos de la mitad de las administraciones públicas disponen de MiDNI plenamente operativo 

La compañía advierte que a partir del próximo 1 de abril todas las entidades cuyas actividades impliquen la identificación de personas estarán obligadas a ofrecer esta funcionalidad, exponiéndose a sanciones de hasta 20 millones de euros 

Grupo Logalty ha desarrollado Very-ID, una aplicación que integra la verificación del DNIe físico mediante NFC y la lectura del QR de MiDNI, preparada para atender a más de un millón de personas que ya se han descargado MiDNI 

Madrid. 24 de marzo de 2026. Grupo Logalty, compañía líder del sector LegalTech y RegTech, ha publicado hoy un análisis que estima que más de un 70% de las empresas españolas no ha incorporado todavía la lectura de MiDNI, la aplicación oficial de la Policía Nacional para presentar el DNI electrónico en el móvil a través de un código QR. El informe, elaborado a partir del conocimiento de mercado de la compañía y de fuentes públicas como la Policía Nacional, analiza el grado de implementación de la lectura de MiDNI en empresas y administraciones públicas españolas. 

En determinados ámbitos con un alto nivel de interacción presencial, la tasa de implementación es todavía menor. Según el estudio, solo dos de cada diez establecimientos hoteleros, pymes y comercios minoristas disponen actualmente de la tecnología necesaria para realizar la identificación mediante DNI digital. El hecho de que el 99,5% de las empresas en España sean pequeñas, microempresas o autónomos, explica en gran medida que?la adopción de MiDNI aún sea limitada. Muchas organizaciones están inmersas en procesos de transformación digital, incluyendo iniciativas como?Kit Digital, pero?todavía no han alcanzado el nivel de digitalización necesario en el punto de atención presencial?para integrar la lectura del DNI digital.? 

En el ámbito de las administraciones públicas, aunque existen proyectos piloto y planes de adaptación, incluidos los de varias comunidades autónomas para incorporar el DNI digital en los servicios de atención al ciudadano, muchas entidades siguen en proceso de actualización tecnológica. El análisis de Grupo Logalty estima que el grado de implantación no alcanza el 50%. 

Esta situación contrasta con el grado de adopción por parte de la ciudadanía. Se estima que más de un millón de españoles han descargado MiDNI desde su lanzamiento, por lo que ya pueden acudir a establecimientos o administraciones y solicitar ser identificados mediante este formato digital. 

Una ciudadana identificándose mediante MiDNI

El estudio concluye que una parte significativa de las entidades españolas todavía no ha adoptado esta funcionalidad pese a la cercanía de la fecha límite, fijada tras el periodo de adaptación de 12 meses establecido por el Real Decreto 255/2025 de 1 de abril, que reconoce al DNI en formato digital la misma eficacia legal que el DNI físico para acreditar la identidad en territorio español. Grupo Logalty advierte de que, a partir del 1 de abril, todas aquellas organizaciones cuyas actividades impliquen la identificación de personas se expondrán a sanciones si no han incorporado la lectura del DNI digital a sus sistemas. 

Aunque la normativa de MiDNI no establece un régimen sancionador independiente, las entidades no están exentas de responsabilidad. Sin embargo, recabar más datos de los necesarios sin justificación puede derivar en multas previstas en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), de hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación global.

Más allá de las sanciones vinculadas a la protección de datos, la vigilancia del cumplimiento y la imposición de sanciones recaerá también en organismos supervisores sectoriales como el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para las entidades bancarias y de crédito, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para las empresas de telecomunicaciones, o la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) para las compañías aseguradoras.