Los magistrados han detectado tres errores críticos: vicios en la Memoria Económico-Financiera; arbitrariedad en el cálculo; e indefensión del contribuyente.

MVGM asegura que, ante la ausencia de una sentencia firme, los ciudadanos sí pueden proteger su derecho a la devolución futura, aunque no puedan devolverle aún el dinero.

La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que declara nula la ordenanza de la tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid no cuestiona la obligación de implantar este tributo, sino la forma en que se ha diseñado y tramitado, según MVGM, compañía referente europea enProperty Management. La resolución identifica defectos sustanciales en el procedimiento, especialmente la falta de transparencia en la memoria económico-financiera y la ausencia de información clave durante el periodo de exposición pública.

Según el tribunal, la tasa (impulsada en aplicación de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados) presenta deficiencias en la justificación de costes, en la motivación de los criterios de reparto y en el acceso a la información por parte de los contribuyentes, lo que ha derivado en su nulidad de pleno derecho.

Marta García, Head of Legal & Compliance de MVGM, señala: "la sentencia pone de relieve la importancia de garantizar el máximo rigor técnico y la transparencia en el diseño de figuras tributarias de esta relevancia, especialmente cuando tienen un impacto directo en los ciudadanos y el tejido empresarial. Asimismo, subraya la necesidad de que los procedimientos incorporen toda la información necesaria para permitir una adecuada comprensión y participación por parte de los contribuyentes".

"Esto ha generado un caos administrativo con más de 130.000 recursos presentados antes incluso de la sentencia de nulidad. Las críticas se han centrado en que el pago medio de 140 € no refleja fielmente la generación real de residuos por hogar, penalizando por igual a perfiles de consumo muy distintos", apunta la portavoz de MVGM.

A corto plazo, la sentencia no es firme y el Ayuntamiento puede recurrir ante el Tribunal Supremo. Mientras tanto, no se producirá la devolución automática de importes, aunque los contribuyentes pueden iniciar procedimientos para salvaguardar su derecho a futuras reclamaciones. A medio plazo, el fallo abre un escenario de inseguridad jurídica que previsiblemente obligará a rediseñar la tasa para ejercicios posteriores.

"Este tipo de situaciones puede generar un incremento de la litigiosidad, así como efectos relevantes en términos de gestión administrativa y seguridad jurídica, por lo que resulta clave reforzar los procesos de elaboración normativa para asegurar su solidez técnica y jurídica desde el inicio", advierte Marta García.