La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha valorado positivamente la aprobación del Real Decreto que establece la obligatoriedad de la factura electrónica para pymes y autónomos, una medida contemplada en la Ley Crea y Crece y orientada a mejorar el control de la facturación en España. No obstante, la organización advierte de que este avance debe ir acompañado de medidas adicionales que garanticen una reducción efectiva de los plazos de pago.

Para el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, "la factura electrónica es un paso en la dirección correcta, pero solo será realmente efectiva si se acompaña de mayor transparencia, desarrollo normativo ágil y un sistema sancionador que garantice el cumplimiento de los plazos legales de pago".

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha comprometido con el nuevo Real Decreto y ha señalado que éste busca corregir uno de los principales obstáculos al crecimiento empresarial: la falta de liquidez derivada de los largos periodos medios de pago en España, especialmente elevados en el caso de las grandes empresas. Según el Informe Anual 2025 del Observatorio de Pagos de la Unión Europea, en España, solo el 14% de las grandes compañías paga sus facturas en plazo, frente al 51% de las microempresas.

En este contexto, el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, ha subrayado que "la implantación de la factura electrónica permitirá disponer de información más precisa y actualizada sobre los comportamientos de pago, lo que será clave para el funcionamiento del Observatorio Estatal de la Morosidad Privada". Además, ha añadido que "si se utiliza correctamente, este instrumento puede convertirse en un elemento disuasorio frente a prácticas de pago abusivas".

Más transparencia y urgencia en el desarrollo normativo

La PMcM recuerda que la Ley Crea y Crece también contemplaba la creación de un registro público de empresas incumplidoras a través del Observatorio Estatal de la Morosidad Privada en España, que todavía no se ha implementado. Cañete denuncia que, tal y como está concebido, el actual sistema limitaría excesivamente su utilidad.

"La publicación del listado de morosos no puede ser simbólica ni de difícil acceso; debe ser visible, permanente y fácilmente localizable para que cumpla su función, como ocurre en otros países", ha afirmado Cañete. En este sentido, critica que el acceso a esta información será limitado en el tiempo y que su contenido no podrá ser indexado por motores de búsqueda, lo que reducirá significativamente su impacto.

Asimismo, la PMcM ha instado al Gobierno a acelerar el desarrollo del reglamento asociado a la factura electrónica, tal y como ha comprometido el ministro de Economía. "Es fundamental que el reglamento se apruebe con la máxima celeridad para evitar retrasos en su aplicación y garantizar que las empresas puedan adaptarse en los plazos previstos", ha señalado Cañete.

Sanciones y marco europeo: claves para el cambio

A pesar de los avances, la PMcM insiste en que la reducción real de la morosidad solo será posible mediante la introducción de un régimen sancionador efectivo. "Sin sanciones, la morosidad seguirá siendo una práctica habitual; necesitamos mecanismos que obliguen al cumplimiento de la ley", ha recalcado Cañete.

En paralelo, la entidad ha mostrado su confianza en la evolución del Reglamento Europeo contra la Morosidad (COM(2023) 533), actualmente en debate en el Consejo Europeo. Este texto prevé establecer sanciones para aquellas empresas que superen los plazos de pago fijados en 30 días, ampliables a 60 en casos específicos.

No obstante, las diferencias económicas y culturales entre los Estados miembros están dificultando el consenso. Ante esta situación, la PMcM reclama una mayor sensibilidad institucional. "Es imprescindible abordar la morosidad como un problema estructural que penaliza especialmente a las pequeñas empresas", ha afirmado Cañete, quien ha añadido que "la Comisión Europea mantiene este asunto como prioritario en su agenda para 2026, lo que demuestra su relevancia".