El consejero de Fomento e Infraestructuras del gobierno de la Comunidad, Jorge García, también ha puesto en valor la optimización administrativa y las primas de edificabilidad que han impulsado, que han acelerado la creación de nuevas promociones

La segunda jornada de REBUILD 2026, la mayor feria de construcción industrializada de Europa que tiene lugar esta semana en IFEMA Madrid, ha acogido un encuentro de máximos representantes autonómicos de vivienda que han abordado las iniciativas que están llevando a cabo para ampliar el parque residencial asequible en sus territorios.

Jorge García, consejero de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia, ha apuntado al éxito del Aval Joven, creado en 2021, que ha facilitado el acceso a un hogar a miles de jóvenes, con más de 23 millones de euros invertidos hasta la fecha. Además, ha apuntado la implementación de un procedimiento administrativo para la Vivienda Asequible, que ha agilizado los plazos de construcción y la tramitación de expedientes. También ha mencionado las primas de edificabilidad como una medida clave para aumentar la capacidad de edificación en zonas de alta demanda sin elevar los costes. García ha expuesto la importancia de la optimización de la tramitación administrativa, simplificando las fases de planeamiento y gestión urbanística, y destacando que la simplificación de licencias y permisos ha reducido los tiempos de ejecución, permitiendo ofrecer viviendas asequibles más rápidamente.

Por su parte, Sebastián Fernández, secretario Autonómico de Vivienda de la Generalitat Valenciana, ha compartido el progreso realizado en su Comunidad, señalando la importante transformación que ha vivido la región en los últimos años. "Vengo de 8 años sin viviendas protegidas debido a los anteriores gobiernos". En este sentido, Fernández ha destacado el Plan VIVE Comunitat Valenciana, cuyo objetivo es la construcción de 10.000 viviendas de protección pública a lo largo de la legislatura, y ha subrayado que, gracias a la colaboración público-privada, ya se han puesto en marcha más de 4.800 hogares en el territorio. Además, ha reafirmado el compromiso de la Generalitat con la movilización de suelo público, apuntando que, con más de 8 millones de metros cuadrados de suelo dotacional disponibles en la Comunitat Valenciana, desarrollar solo la mitad de esa superficie podría impulsar más de 120.000 viviendas. "Estamos en ese camino", ha expuesto.

En su intervención, José María García, viceconsejero de Vivienda, Transporte e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, ha señalado que el acceso a la vivienda está marcado no solo por la falta de oferta, sino también por una sobredemanda, y por la falta de suelo, que se ve agravada por la inseguridad jurídica derivada de la judicialización del urbanismo. Para abordar estos problemas, ha propuesto garantizar la creación de suelo apto para la construcción de viviendas, con la condición de ofrecer estabilidad normativa al urbanismo y modernizar los procesos para evitar los cuellos de botella. García también destacado los logros alcanzados con el Plan VIVE. En este sentido, ha explicado que las medidas adoptadas han permitido la construcción de 8.375 viviendas en suelos vacantes, así como otras 12.000 a través de fórmulas de colaboración público-privada, "sin recurrir a un solo euro de presupuesto público para la vivienda asequible". Asimismo, ha expuesto que casi el 50% de la vivienda protegida en España se construye en la Comunidad de Madrid, lo que pone de manifiesto el fuerte compromiso regional con la vivienda para jóvenes y familias.

A su vez, Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, ha hecho hincapié en la creación de hogares para jóvenes mediante el modelo de suelo dotacional cedido gratuitamente por los ayuntamientos. La iniciativa ha permitido ofrecer viviendas unifamiliares a precios económicos con descuentos del 20% sobre el valor de mercado. El consejero también puesto en valor el impulso a la construcción industrializada, con varias promociones de viviendas ya terminadas en régimen de alquiler y venta, y el uso de nuevos materiales que han permitido reducir plazos y costes. Suárez-Quiñones ha resaltado la colaboración público-privada como clave para afrontar la crisis, al mismo tiempo que ha reclamado un marco normativo claro para asegurar la viabilidad de los proyectos.

La Junta de Extremadura, representada por Lidia López, secretaria general de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana, ha hecho énfasis en las medidas que buscan facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y familias con pocos recursos. "Desde Extremadura, el aval joven con hipotecas al 95% ha demostrado ser una fórmula eficaz, aportando 12 millones de euros en un año y medio y 1.200 avales. Esta medida tiene un gran impacto en la calle, ya que muchos jóvenes han podido crear su hogar", ha explicado López. Igualmente, la secretaria general ha detallado que la Junta de Extremadura ha aprobado el Plan Habita, que permitirá la promoción de hasta 2.859 viviendas para su venta en régimen de protección oficial (VPO), destacando que la colaboración público-privada será fundamental para su éxito.

El debate también ha incluido la intervención de Denis Itxaso, consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, quien ha indicado que "es fundamental proteger la demanda de vivienda, especialmente para las clases medias, y acelerar la ampliación de la oferta. Debemos apostar por la vivienda protegida, pero siempre con calificación permanente, para que los recursos públicos invertidos sigan generando valor ". Itxaso ha avanzado, además, que el Gobierno Vasco está a punto de poner en marcha un nuevo vehículo de financiación público-privada: un fondo social por la vivienda. Este fondo contará con una aportación pública minoritaria, de en torno al 30% del capital, y se complementará con la participación de fondos de pensiones vascos, el Banco Europeo de Inversiones, el ICO y otros actores comprometidos con la causa social de la vivienda. Con una vocación de permanencia a largo plazo y una retribución moderada, cercana al 6%, el objetivo es apalancar hasta 2.000 millones de euros para impulsar la construcción de nuevas viviendas.