El crecimiento de las energías renovables en España en los últimos años, impulsado por los objetivos de descarbonización y la transición energética, ha provocado un aumento de la conflictividad jurídica en torno a estos proyectos, que empieza a consolidarse como uno de los principales retos del sector. Este incremento de la litigiosidad refleja la creciente complejidad regulatoria, territorial y social que rodea a estas infraestructuras y ya tiene efectos directos sobre su ejecución, los plazos y la viabilidad de las inversiones, según señalan desde GTA Villamagna.
Un fenómeno en crecimiento con impacto real
El aumento sostenido de los procedimientos judiciales, junto con las medidas cautelares de suspensión, afecta especialmente a los proyectos eólicos, aunque la conflictividad se extiende también a instalaciones fotovoltaicas de gran dimensión. Este escenario se ve agravado por la saturación de la red eléctrica, que intensifica los conflictos entre promotores por el acceso y conexión y contribuye a un alargamiento generalizado de los plazos de desarrollo. En paralelo, inversores y entidades financieras elevan el nivel de exigencia en el análisis legal de los proyectos, en un contexto que refuerza la necesidad de mayor claridad normativa y seguridad jurídica.
Asimismo, GTA Villamagna constata un incremento sostenido de los procedimientos judiciales vinculados al desarrollo de proyectos renovables, acompañado de efectos materiales cada vez más relevantes. Entre ellos, destaca la proliferación de medidas cautelares de suspensión, “especialmente en comunidades como Galicia, donde numerosos parques eólicos han sido paralizados en los últimos años”, apunta Javier García, socio del despacho.
Este contexto está provocando retrasos significativos en la obtención de autorizaciones administrativas, una mayor cautela por parte de las Administraciones públicas en su otorgamiento y la tramitación de los expedientes y, en algunos casos, una ralentización de la inversión. “No estamos solo ante un aumento de los recursos judiciales, sino ante un fenómeno que está afectando directamente a la ejecución de los proyectos”, señala García.
Causas: medioambiente, territorio y competencia entre promotores
En cuanto al origen de esta creciente judicialización, la mayor parte de los litigios se refiere a recursos relacionados con la evaluación ambiental, la ordenación del territorio y la ubicación de los proyectos. Además, a las acciones judiciales de asociaciones ecologistas se suman cada vez más colectivos locales y sectores económicos afectados. Al mismo tiempo, el fuerte crecimiento del sector desde 2018 también ha intensificado los conflictos entre promotores, especialmente en materia de acceso y conexión a la red.
La saturación de los nudos eléctricos se ha consolidado en uno de los principales focos de litigiosidad. En este escenario, la escasez de capacidad disponible está incrementado los recursos entre promotores frente a los criterios de asignación y las decisiones de los gestores de red, lo que a su vez puede provocar un efecto multiplicador al paralizar nuevas asignaciones.
Otro de los problemas relevantes es la caducidad de permisos de acceso y conexión por causas no imputables a los promotores, como retrasos administrativos o paralizaciones judiciales. Esta situación está llevando a algunos operadores a plantear posibles reclamaciones frente a la Administración.
Desde el punto de vista económico, la judicialización está alargando de forma notable los plazos de desarrollo de los proyectos. Sin embargo, su impacto no se traduce tanto en un encarecimiento directo de sus condiciones de financiación como en una mayor exigencia en el análisis legal previo, siendo evaluada con mayor rigor la solidez administrativa de los proyectos y su exposición a riesgos regulatorios o procesales.
En este contexto, desde GTA Villamagna Abogados no aprecian un endurecimiento generalizado de los criterios judiciales, pero sí advierten de que el marco actual “permite que recursos con escasa base jurídica puedan generar efectos muy intensos sobre el desarrollo de proyectos, especialmente cuando incluyen medidas cautelares de suspensión”. Por ello, consideran necesario introducir mecanismos legales que permitan reducir el empleo desproporcionado o abusivo de estos recursos, sin menoscabar los instrumentos de tutela judicial reconocidos en materia ambiental a favor de determinados colectivos.
El despacho subraya también la importancia de contar con asesoramiento jurídico adecuado desde las fases iniciales del proyecto, desde su diseño hasta la eventual defensa contenciosa, bajo un enfoque multidisciplinar en materia administrativa, ambiental y procesal. A ello suma su especialización en el sector energético y una sólida práctica en Derecho público, lo que permite anticipar riesgos, reducir la litigiosidad y reforzar la defensa en caso de conflictos futuros.
Javier García, socio de GTA Villamagna, concluye que “en un contexto de fuerte crecimiento del sector, la litigiosidad debe entenderse como parte de su proceso de maduración”. El reto, explica, “no es eliminar completamente el conflicto, sino gestionarlo de forma más eficiente mediante reglas claras, procedimientos ágiles y mayor seguridad jurídica, evitando que se convierta en un obstáculo para los objetivos de transición energética.”
