La magistrada declara nula de pleno derecho la resolución, al basarse en un informe telegráfico, no presencial y contrario a la evidencia clínica aportada por profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

La retirada del carné supuso un importante perjuicio para E..E.C., quien vio limitadas su autonomía y actividades diarias, y fue despedido de su trabajo al no poder desplazarse hasta él.

La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, que ha facilitado a E.E.C. asistencia jurídica en el procedimiento, y la Federación Salud Mental Andalucía, entidad que le ha acompañado durante todo el proceso, celebran el fallo y reclaman erradicar el estigma y los estereotipos hacia las personas con problemas de salud mental que impregnan a las instituciones y Administraciones públicas.

En 2021, E.E.C presentó su solicitud anual de renovación del permiso y propuso espaciar los controles médicos porque llevaba más de 10 años estable y en seguimiento clínico continuado, renovando de forma ininterrumpida el permiso desde 2009 y sin haber tenido incidente alguno. La respuesta de la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga fue sorprendente: no sólo rechazó su propuesta, sino que directamente le retiró el permiso de conducir de forma “irreversible”. Todo ello pese a que la persona estaba clínicamente estable, mantenía un proyecto de vida activo y dependía del permiso para desplazarse a su lugar de trabajo. La decisión se basó exclusivamente en un informe médico extremadamente breve (que se limitaba a citar la inclusión de la persona en el Anexo IV 10.3 del Reglamento General de Conductores), sin examen presencial y sin explicar por qué se ignoraban los informes especializados del SAS que acreditaban su idoneidad para conducir.

El informe —emitido sin examen presencial— no contenía razonamientos clínicos ni trazabilidad del proceso de valoración. Esta conclusión administrativa chocaba directamente con los informes del SAS, elaborados por profesionales de psicología clínica y psiquiatría, que han acompañado al afectado durante años y que descartan cualquier limitación incompatible con la conducción.

La retirada del permiso provocó un impacto severo en E.E.C.: la pérdida del empleo como operario y ruptura de un proyecto de vida autónomo, generando una situación de indefensión al impedirle, incluso, solicitar futuras renovaciones del carné de conducir.

La magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Málaga, M.A.V.M., ha estimado el recurso interpuesto contra la resolución de la Dirección General de Tráfico, de fecha 22 de mayo de 2022, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga, que denegó la prórroga del permiso de conducir sin ofrecer motivación ni razonamiento clínico suficiente. La sentencia (que se puede consultar en este enlace), con fecha de 13 de noviembre de 2025, declara la resolución nula de pleno derecho por basarse en un informe “telegráfico”, carente de lógica decisoria y elaborado sin entrevista ni exploración presencial de la persona afectada.

Durante el procedimiento, la defensa aportó informes de profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía —de psicología clínica y psiquiatría— que contradicen por completo las conclusiones del inspector médico competente en materia de Tráfico. El juzgado aprecia que la Administración no justificó por qué descartó estos informes especializados y optó por un criterio no razonado.

La retirada del carné fue dañina y discriminatoria

Según la resolución, la actuación administrativa fue “arbitraria, inmotivada e irrazonable”, vulnerando principios de seguridad jurídica y proporcionalidad.. En estos momentos, tras la resolución favorable del litigio, E.E.C. está de nuevo en posesión de su carné de conducir, que tendrá que renovar con revisiones periódicas cada 6 meses.

La defensa jurídica ha sido asumida por el letrado Eladio Rico, abogado del demandante y vinculado al movimiento asociativo de SALUD MENTAL ESPAÑA, quien destaca la trascendencia del fallo: “Esta sentencia evita profundizar en el estigma que aún afecta a muchas personas con diversidad funcional o problemas de salud mental. La resolución de Tráfico se adoptó sin evaluación presencial, sin razonamiento clínico y sin garantizar el derecho básico a una valoración individualizada”.

En palabras de E.E.C.: “La retirada del permiso de conducir me afectó profundamente: perdí mi empleo estable, no pude hacer frente al pago del coche que acababa de adquirir y mi salud se deterioró hasta requerir dos ingresos hospitalarios. Recuperarlo, después de cuatro años de espera y lucha, fue un enorme alivio que recibí entre lágrimas”. Una vez conocida la sentencia, E.E.C. insiste en agradecer el acompañamiento recibido: “Agradezco profundamente a todas las personas que me han acompañado durante este proceso, especialmente a Ana Mingorance, asesora jurídica de la Federación Salud Mental Andalucía, y al equipo del Hospital de Día de Antequera, cuyo apoyo ha sido fundamental”.

“Este caso evidencia que el estigma está presente en todas las instituciones y en todas las parcelas de la vida y afecta gravemente a la vida de las personas con problemas de salud mental. E.E.C es ejemplo claro de resiliencia, porque este proceso ha estado repleto de infortunios procesales y personales”, afirma Ana Mingorance, asesora jurídica de la Federación Salud Mental Andalucía. “Nuestra labor de acompañamiento y de defensa de sus derechos ha sido primordial, por la insistencia y la perseverancia, porque vivimos nuestro trabajo con tanta implicación, mirando a los ojos de las personas. Cuando finalmente se hace justicia, no solo se reconoce un derecho vulnerado: se reafirma la necesidad de que se adopten decisiones jurídicas motivadas y justificadas no basadas en el estigma y los estereotipos”, añade la abogada.

Se estudia ahora la presentación de una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por los daños y perjuicios ocasionados por la resolución revocada.

Irene Muñoz, asesora jurídica de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, recalca que “esta sentencia pionera se pone del lado de la dignidad de un sector de la población que está especialmente expuesto a sufrir conductas discriminatorias a causa de los prejuicios en materia de salud mental. En este sentido, esperamos que constituya un instrumento más para salvaguardar los derechos de todas estas personas y, al generar conciencia sobre las injusticias que sufren y las barreras que enfrentan, sirva para impulsar impactos positivos a nivel colectivo y obtener efectos multiplicadores a todos los niveles”.

En este sentido, SALUD MENTAL ESPAÑA reivindica más formación, concienciación y sensibilización en salud mental para erradicar el estigma en las Administraciones públicas, que se traduce en que las personas con discapacidad psicosocial sean discriminadas y pierdan oportunidades de desarrollar un proyecto de vida digno, con el sufrimiento que ello conlleva para la persona y su entorno.