Durante 2025, el plazo medio de pago tanto del sector público como del privado aumentó 3 días, hasta los 70 días de media por parte de las Administraciones y los 67 en el caso de las empresas, registros que sobrepasan los límites legales de 30 y 60 días respectivamente.
Los subcontratistas cobran a 87 días. La PMcM advierte que la cadena de pagos está mal controlada y sigue asfixiando a pymes y autónomos, y propone que las Administraciones Públicas paguen directamente a los subcontratistas, tal y como sucede en Cataluña.
"La lucha contra la morosidad no puede seguir aplazándose; resulta imprescindible actuar con medidas eficaces, control real de la cadena de pagos y un régimen sancionador que garantice el cumplimiento de la ley", insta la PMcM.
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) denuncia un nuevo deterioro de los plazos de pago en España y alerta de que la morosidad sigue castigando con especial dureza a pymes y autónomos. Según la nueva edición del "Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2025", el 85% de las grandes empresas supera el plazo legal de pago y las Administraciones Públicas tardan ya una media de 70 días en abonar sus facturas, es decir, más del doble del límite legal y, por segundo año consecutivo, por encima del plazo medio de pago del sector privado.
Durante 2025, el plazo medio de pago del sector público aumentó en tres días, hasta situarse en 70 días de media, mientras que el del sector privado también creció en tres días, hasta alcanzar los 67 días. En ambos casos, los registros rebasan claramente los plazos establecidos por la Ley 15/2010, que fija un máximo de 30 días para las Administraciones Públicas y de 60 días para las empresas.
Para la PMcM, el empeoramiento de los datos del sector público resulta especialmente grave. Su presidente, Antoni Cañete, subraya que 2025 confirma por segundo año consecutivo una anomalía especialmente preocupante: que las Administraciones paguen más tarde que las empresas, pese a que su plazo legal máximo es la mitad. Ya en 2024 se produjo ese sorpasso, cuando el periodo medio de pago del sector público se situó en 67 días, frente a los 64 días del sector privado, algo que no ocurría desde 2014. Ahora, esa diferencia vuelve a repetirse.
El informe también identifica dónde se concentran los mayores retrasos dentro del ámbito público. Más de la mitad de los encuestados, un 55%, señala a la Administración Local como la que más tarda en pagar. A continuación se sitúa la Administración Regional, mencionada por el 26%, y en tercer lugar la Administración Central, con un 19% de respuestas. Además, los plazos medios de pago superaron el periodo legal para el 85% de los proveedores de la Regional, para el 81% de la Administración Local, y para el 82% de los proveedores de la Central.
Ante esta situación, Cañete reclama una actuación urgente y sostiene que el compromiso institucional con la lucha contra la morosidad debe comenzar por el propio cumplimiento de las normas por parte de las Administraciones. En este sentido, defiende que, en un contexto en el que la Administración está incrementando su recaudación (aunque concretamente los Ayuntamientos es posible que no tanto por la crisis de la vivienda), no hay motivo que justifique un empeoramiento de sus plazos de pago y considera que el sector público debería ser el primero en respetar los tiempos que exige a los demás, ejerciendo así un papel ejemplarizante frente al sector privado.
En relación con esta cuestión, la PMcM recuerda que la Comisión Europea lleva años presionando a España por los retrasos en los pagos de las Administraciones Públicas, especialmente en comunidades autónomas y municipios. Bruselas abrió un procedimiento formal de infracción en 2015 y, aunque ha mantenido una vigilancia constante, ha emitido advertencias y ultimátums, como el de 2021, y se han valorado potenciales multas millonarias, no se ha producido una sanción económica directa y definitiva por este motivo. La exigencia de cumplimiento se ha mantenido sobre la base de la Ley 3/2004 de Morosidad. A este respecto, Cañete recuerda que los datos que están arrojando estos últimos años los Gobiernos están siendo más optimistas y están más próximos al plazo legal que los que elaboran entidades especializadas como laPMcM, que están basados en encuestas realizadas a proveedores. Esta discrepancia se debe a factores metodológicos que ya fueron indicados por el Observatorio de Pagos de la UE en su Informe Anual 2024. A su juicio, esta mejora de los plazos de pago del sector público podría acercar la posibilidad de que la Comisión Europea cierre el procedimiento de infracción. Por ello, insta a las Administraciones a redoblar sus esfuerzos para cumplir con el plazo máximo de pago y favorecer que ese cierre pueda llegar a producirse.
A mayor tamaño de empresa, peor pagador
En el ámbito privado, el estudio vuelve a situar a las grandes empresas como el eslabón que peor comportamiento presenta en materia de pagos. En esta línea, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá,ya advirtió a finales de 2025 ante Pimec sobre esta situación.
Según el informe de la PMcM, para el 67% de los encuestados, el tipo de cliente que más tarda en pagar es la gran empresa, entendida como aquella con una facturación superior a 50 millones de euros. Cuando se pregunta específicamente cuánto tardan en pagar estos clientes, el 85% afirma que las grandes compañías rebasan el plazo legal: el 38% asegura que pagan muy por encima de los plazos legales, es decir, a más de 90 días, y el 47% indica que lo hacen algo por encima del límite, tardando entre 60 y 90 días. Solo el 15% afirma cobrar de las grandes empresas dentro del plazo legal.
La PMcM advierte además de que este dato empeora claramente respecto al año anterior. En 2024, el porcentaje de grandes compañías que pagaban dentro del plazo legal se situaba en el 26%, por lo que la caída hasta el 15% refleja un deterioro evidente del comportamiento de pago de este segmento empresarial.
En contraste, únicamente el 13% de los encuestados identifica a las micropymes y autónomos como los clientes que más tardan en pagar. Para la PMcM, esta diferencia evidencia una brecha de comportamiento en los pagos según el tamaño de empresa. El propio Informe Anual 2025 del Observatorio de Pagos de la Unión Europea también alude a esta realidad y sitúa a España entre los países con mayor distancia entre grandes empresas y microempresas en lo que respecta a sus prácticas de pago en función del tamaño.
Ese mismo informe europeo señala además que, en España, la principal consecuencia de la morosidad, mencionada por el 60% de los encuestados, es la necesidad de recurrir a préstamos bancarios adicionales u otras fórmulas de financiación. Según la PMcM, una posible explicación se encuentra en el amplio uso del término "confirming" entre las empresas españolas. Sobre este punto, Cañete denuncia un uso inadecuado de este sistema y reprocha que muchas grandes compañías no estén informando con la suficiente claridad sobre su utilización, pese a que el Reglamento Europeo 2024/1317 obliga a detallar estos acuerdos.
La situación se agrava todavía más en el caso de la subcontratación. El informe de la PMcM fija en 87 días el plazo medio de pago a los subcontratistas por parte de los contratistas principales. El presidente de la entidad denuncia desde hace tiempo que la cadena de pagos en el sector público "continúa asfixiando a pymes y autónomos", que esa cadena está "mal controlada" y que esta falta de supervisión "impide que el dinero llegue con fluidez hasta el último eslabón, integrado mayoritariamente por pequeñas empresas y trabajadores autónomos". A juicio de la PMcM, esta situación permite que algunas grandes compañías se financien a costa de sus proveedores. Para corregir este problema, la PMcM plantea que las Administraciones Públicas paguen directamente a los subcontratistas, una medida que, a su entender, aportaría mayor agilidad a los pagos y más liquidez a las empresas. La Plataforma recuerda, además, que esta fórmula ya ha sido acometida por la Generalitat de Catalunya.
Persistencia de prácticas abusivas
Junto a los retrasos, el estudio constata también la permanencia de condiciones abusivas. El año pasado, el 60% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes, tanto públicos como privados, que les imponían plazos de pago superiores a los permitidos por la Ley 3/2004, sin que esa práctica ilegal acarreara consecuencias. Para Cañete, esta realidad demuestra que siguen vigentes conductas contrarias a la ley que continúan produciéndose sin un efecto corrector real.
La PMcM considera igualmente preocupante que, cuando se producen impagos o retrasos, la inmensa mayoría de los proveedores renuncie a reclamar los mecanismos de compensación previstos legalmente. El 89% afirma que nunca o casi nunca exige a sus clientes morosos los intereses de demora, mientras que el 94% asegura no reclamar la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago. Para el presidente de la Plataforma, esta situación pone de relieve la falta de eficacia de una normativa que no penaliza de forma efectiva su incumplimiento. No es extraño, por ello, que el 91% de los encuestados considere necesario un régimen sancionador. A juicio de la PMcM, los resultados del informe reflejan que, sin sanciones, la reducción real de los plazos de pago seguirá siendo muy difícil.
Pese a este contexto, el análisis de la PMcM muestra que la ratio de morosidad, entendida como el porcentaje de impagos sobre el total de facturación, se situó en 2025 en el 3,3%, por debajo del 5,2% registrado en 2024. Este descenso es paralelo al que se está produciendo en la morosidad bancaria. Asimismo, un 80% de los participantes en la encuesta de la PMcM indica que su expectativa de plazo de cobro durante 2025 no va a variar.
El estudio también analiza cómo reaccionan las empresas ante eventuales necesidades de liquidez. Cuando se pregunta a los encuestados cuál sería su primera opción en ese escenario, el 71% responde que recurriría a financiación, mientras que un 19% reconoce que se vería empujado a ampliar sus propios plazos de pago.
Reglamento Europeo contra la Morosidad
En este contexto, la PMcM pone también el foco en la labor del Observatorio Estatal de la Morosidad Privada en España, que podría desempeñar cierta función disuasoria, siempre que la información que ofrezca sea útil y esté lo suficientemente próxima en el tiempo como para permitir un análisis real de la situación vigente.
No obstante, la Plataforma insiste en que la verdadera palanca para reducir los plazos de pago pasa por la existencia de sanciones. Por ello, expresa su confianza en que continúe avanzando la tramitación del nuevo Reglamento Europeo contra la Morosidad (Reglamento COM(2023) 533), que actualmente sigue en fase de debate en el Consejo Europeo.
La PMcM advierte de que las diferencias económicas y culturales entre países están dificultando el consenso, y reclama sensibilidad para corregir un problema estructural que golpea con mayor intensidad a las empresas más pequeñas. En palabras de Cañete, "la lucha contra la morosidad sigue siendo una cuestión prioritaria para la Comisión Europea, que mantiene este asunto dentro de su agenda para 2026".
Según explica Cañete, el futuro Reglamento será de obligado cumplimiento y contempla sanciones para las empresas morosas que superen el plazo general de pago fijado en 30 días, o de 60 días en aquellos supuestos en los que exista necesidad de periodo de certificación. Sin embargo, el informe de la PMcM muestra que todavía existe un amplio desconocimiento sobre esta futura normativa: el 63% de los encuestados afirma no conocerla y un 43% considera que no le afectará porque entiende que no se cumplirá el plazo de pago de 30 días que establece. Pese a ello, la PMcM detecta una expectativa positiva si la futura norma llega a aplicarse de forma efectiva. En concreto, el 47% de los encuestados confía en que sus finanzas mejorarán si las compañías morosas terminan pagando las sanciones previstas en el futuro reglamento de la Unión Europea.
La PMcM concluye así que el "Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2025" vuelve a confirmar que la morosidad sigue siendo un problema estructural en España, con especial incidencia sobre pymes y autónomos. Para Cañete, el incremento de los plazos de pago en el sector público y privado, el incumplimiento generalizado entre las grandes empresas, los 87 días de espera de los subcontratistas y la persistencia de condiciones abusivas "evidencian que la lucha contra la morosidad no puede seguir aplazándose" y que resulta "imprescindible actuar con medidas eficaces, control real de la cadena de pagos y un régimen sancionador que garantice el cumplimiento de la ley".
