La implantación del sistema VERI*FACTU, impulsado por la Agencia Tributaria, sigue generando incertidumbre entre autónomos, pequeños comercios y empresas sobre el alcance real de la obligación de adaptación de sus sistemas de facturación.

El nuevo marco normativo, recogido en el Real Decreto 1007/2023 y modificado por el Real Decreto-ley 15/2025, establece un calendario progresivo: las sociedades deberán adaptar sus sistemas antes del 1 de enero de 2027, mientras que autónomos y demás obligados tributarios dispondrán hasta el 1 de julio de 2027.

Sin embargo, especialistas en materia fiscal advierten de que existe una interpretación generalizada que no siempre se corresponde con la realidad normativa.

Desde ILEX Tax & Legal señalan que el elemento clave no es la emisión de tickets o facturas, sino la existencia de un sistema informático de facturación (SIF) que procese, almacene o gestione la información de las operaciones. En este sentido, no todos los negocios que emiten tickets o utilizan cajas registradoras estarían automáticamente obligados a adaptarse al nuevo sistema.

El despacho explica que en determinados casos de facturación manual, como el uso de talonarios o facturas manuscritas, la obligación podría no ser exigible en los mismos términos, siempre que no exista un sistema informático de soporte. No obstante, advierten de que muchos negocios creen operar de forma manual cuando en realidad utilizan TPV, aplicaciones o cajas registradoras que sí pueden encajar dentro del concepto de sistema informático de facturación.

La Agencia Tributaria, en consultas recientes como la V0365-26, ha indicado además que la emisión de facturas manuscritas no implica automáticamente la obligación de utilizar sistemas adaptados a VERI*FACTU.

Otro de los puntos que genera confusión es la consideración de los tickets de caja. No todos cumplen los requisitos legales de factura simplificada, lo que puede afectar a la aplicación del reglamento.

El objetivo de VERI*FACTU es reforzar la integridad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación, evitando manipulaciones posteriores y garantizando un mayor control fiscal.

Por ello, los expertos recomiendan analizar cada caso de forma individual durante el periodo transitorio, ya que la obligación de adaptación no depende únicamente del tipo de negocio, sino del sistema de facturación utilizado en la práctica.