"El silencio del delegado del Gobierno y la inacción del Ministerio del Interior son especialmente graves. Conocen esta situación desde hace años y no han adoptado ninguna solución", afirma
El Partido Popular ha registrado una moción para exigir al Gobierno de España la apertura completa de las instalaciones del Centro Penitenciario Murcia II, así como el aumento proporcional de la relación de puestos de trabajo del centro penitenciario ante una situación "insostenible" que sufren los funcionarios de prisiones.
La diputada regional María Casajús ha denunciado que la situación actual de los funcionarios de prisiones en Murcia II "es el reflejo de una dejación institucional que se arrastra desde hace años y que ya resulta absolutamente insostenible", al tiempo que ha recordado que el centro funciona actualmente con cinco módulos residenciales cerrados y con una plantilla claramente insuficiente para atender la carga real de trabajo.
"El Gobierno de España y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no pueden seguir mirando hacia otro lado mientras los trabajadores penitenciarios soportan una presión creciente, en unas condiciones que comprometen tanto su seguridad como la correcta atención a los internos", ha señalado.
Casajús ha advertido de que la combinación de sobreocupación, falta de inversión y déficit de personal está provocando un "deterioro progresivo de las condiciones laborales dentro del centro penitenciario, incrementando las tensiones, las incidencias y las agresiones".
Además, ha subrayado que los propios sindicatos vienen alertando desde hace tiempo de la falta de aproximadamente 300 trabajadores para poder atender con garantías las necesidades funcionales del centro, "lo que demuestra que no estamos ante un problema puntual, sino estructural".
"El silencio del delegado del Gobierno y la inacción del Ministerio del Interior son especialmente graves porque conocen perfectamente esta situación desde hace años y, aun así, no han adoptado ninguna solución efectiva", ha afirmado.
La parlamentaria autonómica ha insistido en que esta situación no solo afecta a los derechos y condiciones de los funcionarios, sino que también repercute directamente en la seguridad y en el funcionamiento adecuado de la institución penitenciaria. "Cuando la Administración deja de prevenir y actúa tarde, convierte el trabajo penitenciario en una actividad mucho más peligrosa de lo que debería ser".
"Lo que reclaman los funcionarios no es un privilegio, sino una cuestión mínima de legalidad, seguridad y dignidad profesional", ha concluido Casajús.
