Interpol cerró 2025 con 86.021 notificaciones rojas vigentes tras un año récord de 19.568 emisiones, un 26% más que en 2024; 558 fueron rechazadas o canceladas por vulnerar la prohibición de persecución política de su Estatuto.

En Emiratos Árabes Unidos, fotografiar a personas, accidentes o edificios oficiales, o volar un dron sin licencia, se castiga con multas de hasta 50.000 dirhams (unos 12.500 euros) e incluso con penas de prisión.

El riesgo penal de viajar ya no se limita a la norma del país de destino. Las fronteras funcionan hoy como puntos de control de un sistema de cooperación policial que gestiona decenas de miles de órdenes internacionales de detención, y conductas cotidianas para un español —una fotografía, un dron, una cerveza antes de conducir— reciben respuestas penales radicalmente distintas según dónde ocurran. Los abogados de Barbancho Legal, despacho especializado en defensa penal internacional, procedimientos ante Interpol y extradiciones, han reunido en un decálogo lo que todo viajero debería saber antes de facturar.

"El error más común es pensar que esto les pasa a otros. Cada año atendemos a viajeros detenidos en una frontera por notificaciones que desconocían o por hechos que en España ni siquiera son delito. Cuando llaman al despacho, muchos ya han firmado una declaración que no entendían", explica María Barbancho, socia de Barbancho Legal.

El decálogo penal internacional del viajero

1. La Unión Europea no unifica el derecho penal.

Compartir moneda y espacio Schengen no significa compartir código penal: cada Estado castiga lo que decide castigar. Conductas que en España se despachan con una sanción administrativa constituyen delito a pocas horas de avión, y viceversa. 

2. En Dubái, la cámara es un asunto penal. La ley emiratí contra la ciberdelincuencia (Decreto-Ley Federal 34/2021) castiga fotografiar a personas sin su consentimiento, accidentes de tráfico o edificios gubernamentales y militares con multas de entre 2.000 y 50.000 dirhams —hasta 100.000 si la imagen se publica— y penas de prisión. Los drones tienen régimen propio: tras prohibir en 2022 todo uso recreativo, Emiratos solo readmite el vuelo con licencia de la autoridad de aviación civil, y operar sin ella acarrea multas de hasta 50.000 dirhams y la confiscación del equipo.

3. Una foto puede ser espionaje. En junio de 2025, un turista franco-alemán fue detenido en Irán acusado de espionaje y pasó meses privado de libertad hasta que un tribunal lo absolvió en octubre. Fotografiar bases militares, aeropuertos, puertos o agentes de la autoridad está tipificado en numerosos países como delito contra la seguridad del Estado, y la condición de turista no funciona como defensa.

4. Interpol puede estar esperando en el control de pasaportes. A cierre de 2025 constaban 86.021 notificaciones rojas vigentes, tras un año récord de 19.568 emisiones. No todas responden a delitos reales: ese mismo año, 558 notificaciones y difusiones fueron rechazadas o canceladas por vulnerar los artículos 2 y 3 del Estatuto de Interpol, que prohíben la persecución política —un 83% más que en 2024—. Alertas instrumentalizadas por Estados o por litigios privados, y simples coincidencias de nombre, se descubren en el peor lugar posible: la frontera. Quien tenga motivos para sospechar que figura en esos ficheros puede solicitar el acceso y la cancelación ante la Comisión de Control de los Ficheros de Interpol antes de viajar.

5. El país donde te detienen decide tu extradición. Una detención en tránsito puede activar la petición de entrega de un tercer Estado, y cada país aplica sus propios criterios: hay jurisdicciones que extraditan a destinos a los que España no entregaría a nadie. Para quien arrastra un procedimiento internacional abierto, hasta la elección de una escala aérea es una decisión de defensa.

6. Al volante, tolerancia cero real. Mientras España mantiene el límite general de 0,5 gramos por litro en sangre, República Checa, Hungría y Rumanía aplican tolerancia cero. Una cerveza con la comida, irrelevante aquí, supone allí dar positivo, y el positivo puede conllevar la detención inmediata, la inmovilización del vehículo y la apertura de un procedimiento penal.

7. El recuerdo barato puede salir muy caro. En Italia, comprar una falsificación de marca se sanciona al comprador con multas que alcanzan los 7..000 euros. Y sacar antigüedades, monedas o fósiles de países como Egipto o Turquía se persigue como contrabando de patrimonio nacional, con penas de prisión incluidas.

8. En un aeropuerto no hay bromas. Un comentario jocoso sobre bombas o armas en un control de seguridad activa protocolos que no distinguen la ironía, y el pasajero disruptivo que obliga a desviar un vuelo responde de los costes del desvío —cientos de miles de euros— además de enfrentarse a penas de prisión en la jurisdicción donde aterrice el avión.

9. El consulado debe saberlo, pero hay que pedirlo. La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, en vigor para España desde 1970, establece en su artículo 36.1.b) que «si el interesado lo solicita, las autoridades competentes del Estado receptor deberán informar sin retraso alguno a la oficina consular competente» cuando un nacional «sea arrestado de cualquier forma, detenido o puesto en prisión preventiva». El consulado no evita el juicio, pero vela por el intérprete, la asistencia letrada y el trato digno. Conviene llevar su teléfono guardado antes de salir.

10. Ni declarar ni firmar sin garantías, y abogado desde la primera hora. Ante una detención o un interrogatorio en el extranjero, la pauta de Barbancho Legal es invariable: no firmar ningún documento que no esté íntegramente traducido a un idioma que se comprenda y no declarar hasta contar con abogado. Y contactar cuanto antes con un penalista en España que coordine la defensa con el letrado local: lo que se hace —o se firma— en la primera semana condiciona todo el procedimiento posterior, incluida una eventual extradición.