Alerta de que cobrar solo el principal no compensa los costes financieros y judiciales soportados durante el retraso

Pide garantías para que el dinero llegue también a las pymes, autónomos y subcontratistas que ejecutaron los contratos

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha remitido una carta a la Comisión Europea para que analice el Mecanismo de Pago a Proveedores de determinadas entidades locales y valore si condicionar el cobro del principal a la renuncia de intereses de demora, costas judiciales y otros gastos resulta coherente con la Directiva 2011/7/UE y con la protección europea del acreedor.

La iniciativa coincide con la formalización, hasta el 29 de julio, de los préstamos del régimen obligatorio. La vertiente voluntaria permitirá a los proveedores comprobar y aceptar sus facturas entre el 14 y el 23 de septiembre.

La PMcM reconoce que el mecanismo aporta liquidez y ayuda a sanear las cuentas de ayuntamientos con dificultades financieras. Su objeción se centra en la condición impuesta al acreedor: si acepta, cobra el principal y renuncia a cantidades generadas por el retraso de la propia Administración; si no lo hace, conserva sus derechos, pero debe seguir reclamando frente a una entidad cuya situación financiera ha motivado la activación del sistema.

"Cobrar una factura reconocida no debería exigir al proveedor que perdone el coste del retraso causado por la Administración. Cuando la alternativa es continuar reclamando a un ayuntamiento con graves dificultades financieras, la voluntariedad existe sobre el papel, pero puede quedar muy limitada en la práctica", afirma Antoni Cañete, presidente de la PMcM.

Una condición conocida, pero no exenta de dudas

El Gobierno ha asignado un máximo de 304 millones de euros: hasta 206,5 millones para el régimen obligatorio y hasta 97,6 millones para el voluntario. Se trata de un techo de financiación, no de la cantidad finalmente aceptada por los proveedores ni del importe efectivamente desembolsado.

La dotación es 62,7 millones inferior a los 366,7 millones reservados en 2025, un 17,1% menos, y queda 100,14 millones por debajo de los 404,14 millones de 2024, una caída del 24,8%. Los planes de 2012 y 2013 movilizaron 41.814,6 millones, pero la comparación no es homogénea: incluyeron comunidades autónomas y entidades locales, tuvieron tres fases y respondieron a la crisis financiera.

La renuncia tampoco es nueva. La misma fórmula figuraba en el mecanismo de 2012, en su ampliación de 2013 y en los planes locales de 2024 y 2025. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo han considerado posible la renuncia a intereses y costes a cambio del principal cuando sea libremente consentida y se comprueben las circunstancias del caso.

Ahí sitúa la PMcM la cuestión que traslada a Bruselas: si puede hablarse de consentimiento libre cuando el proveedor necesita liquidez y su alternativa es prolongar la reclamación contra una Administración con graves problemas de pago. La Plataforma sostiene que sanear las cuentas municipales no debe trasladar parte del coste a pymes, autónomos y proveedores que ya han financiado a la Administración durante meses.

Su último Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2025, elaborado mediante encuestas a comienzos de 2026, refleja esa debilidad: el sector público pagó a 70 días de media; el 89% nunca o casi nunca reclamó intereses; el 94% no exigió la indemnización legal por costes de cobro, y al 60% se le impusieron plazos superiores a los legales.

La liquidez debe recorrer toda la cadena

La carta alerta también de que el pago al contratista principal no garantiza que la liquidez llegue de inmediato a subcontratistas y suministradores, muchos de ellos pymes y autónomos. El informe sitúa en 87 días el plazo medio en el que los contratistas pagan a sus subcontratistas. Además, el contratista puede seguir obligado a abonarles intereses u otros costes aunque haya renunciado a reclamárselos a la Administración.

"El dinero público no puede detenerse en el contratista principal: hacen falta garantías verificables para que llegue también a las empresas y profesionales que ejecutaron materialmente el contrato", sostiene Cañete.

La petición llega poco después de que la Comisión comunicara el cierre del procedimiento de infracción abierto en 2015 por la morosidad del sector público español. Entretanto, la propuesta de Reglamento Europeo contra la morosidad continúa en proceso en el Consejo. En este contexto, la PMcM pide a la Comisión que valore el mecanismo a la luz de la Directiva vigente y del debate regulatorio europeo. También reclama al Gobierno que revise si el cobro del principal debe condicionarse a esa renuncia y que garantice que la liquidez alcance a subcontratistas y suministradores. La Plataforma no cuestiona el pago de las facturas, sino que el proveedor deba sacrificar derechos nacidos del incumplimiento para cobrarlas con rapidez.