El Grupo Municipal Socialista de Molina de Segura ha solicitado al Ayuntamiento que paralice el actual procedimiento de contratación del servicio de recogida selectiva de papel y cartón y revise los pliegos para garantizar la continuidad de las políticas de inserción sociolaboral vinculadas a este servicio.
Los nuevos pliegos, publicados el pasado 1 de septiembre, modifican el modelo que venía desarrollándose hasta ahora, basado en una contratación vinculada a empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social.
La portavoz socialista, Isabel Gadea Martínez, ha advertido de que "aquí no estamos hablando solamente de recoger papel y cartón. Estamos hablando también de empleo, inclusión social, economía circular y oportunidades para personas que tienen más dificultades para acceder al mercado laboral".
Según la información difundida sobre el funcionamiento actual del servicio, existen 23 contratos de inserción de personas en situación de vulnerabilidad social y alrededor de 30 empleos vinculados al proyecto. Además, durante 2026 seis personas de Molina de Segura habrían sido contratadas para desarrollar los servicios municipales incluidos en el contrato.
"Detrás de este servicio hay personas, familias e itinerarios de inserción que no pueden quedar fuera de la ecuación cuando el Ayuntamiento diseña una nueva contratación", ha señalado Gadea.
El PSOE recuerda además que en 2013 el Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura aprobó por unanimidad, a propuesta socialista, apostar por la incorporación de cláusulas sociales y de inserción laboral en la contratación municipal.
"Hace más de una década conseguimos que todos los grupos políticos entendieran que la contratación pública podía y debía servir también para generar oportunidades y luchar contra la exclusión. Renunciar ahora a ese principio supondría un retroceso que Molina de Segura no se puede permitir", ha afirmado la portavoz socialista.
El Grupo Municipal Socialista considera que la contratación pública debe servir no solo para garantizar la correcta prestación de los servicios municipales, sino también para generar retorno social, especialmente cuando existe una experiencia previa que ha permitido vincular un servicio público con el empleo de personas en situación de vulnerabilidad.
Por este motivo, el PSOE ha solicitado que se detenga la tramitación del actual expediente, se analice jurídicamente la posibilidad de reformularlo y se elaboren unos nuevos pliegos que estudien las distintas fórmulas previstas en la legislación para incorporar objetivos sociales, entre ellas la reserva a empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social, los criterios sociales de adjudicación y las condiciones especiales de ejecución.
"No estamos defendiendo a una empresa concreta. Estamos defendiendo un modelo de contratación pública responsable que ha demostrado que un servicio municipal puede cumplir su función y, al mismo tiempo, generar empleo e inclusión social", ha subrayado Gadea.
Los socialistas reclaman también que el Ayuntamiento dialogue con las entidades vinculadas al actual proyecto y valore el impacto laboral y social que tendría la desaparición del modelo vigente antes de continuar con la adjudicación.
"Una administración pública no puede mirar únicamente el precio de un contrato. También tiene que preguntarse qué impacto generan sus decisiones. No apostar por la inclusión laboral desde el propio Ayuntamiento es un paso atrás", ha concluido Isabel Gadea.
