Tras la publicación del Real Decreto-Ley 21/2026, de 25 de agosto, de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés y que tiene prevista su convalidación en el Congreso de los Diputados el próximo día 16 de septiembre

El presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño: “Apoyamos la transparencia y la rendición de cuentas, pero las nuevas obligaciones impuestas a los grupos de interés resultan excesivas y van más allá de lo necesario para alcanzar esos objetivos”

CEPES solicita adaptar el nuevo registro de grupos de interés a criterios de proporcionalidad similar al del Registro de Transparencia de la Unión Europea, que constituye una referencia suficiente y adecuada para satisfacer las exigencias de transparencia

Pedreño incide en que “la transparencia no debe exigir la divulgación de información estratégica o sensible de las organizaciones cuando ello no aporta un valor añadido real al control público de la actividad de representación de intereses”

El presidente de la Patronal de la Economía Social, CEPES, “hace un llamamiento al Gobierno y a los grupos parlamentarios para que, durante la tramitación y debate parlamentario de la norma, se revisen aquellos aspectos que introducen obligaciones excesivas o innecesarias y se recupere un enfoque más proporcionado, coherente con los estándares europeos”

Madrid, 14 de septiembre de 2026.

La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) manifiesta su apoyo al objetivo de transparencia e integridad que inspira el Real Decreto-Ley 21/2026, de 25 de agosto, de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, una finalidad legítima y necesaria para reforzar la confianza de la ciudadanía en los procesos de elaboración normativa y en las relaciones entre las instituciones públicas y los actores sociales y económicos.

No obstante, Juan Antonio Pedreño, presidente de CEPES considera “que determinadas obligaciones introducidas por la nueva regulación exceden lo necesario para garantizar dicho objetivo y generan cargas administrativas y exigencias de información que resultan desproporcionadas respecto de la finalidad perseguida”.

Desde la patronal de la Economía Social, CEPES, se entiende que la transparencia debe compatibilizarse con la protección de información relativa a la estrategia institucional, la organización interna y la planificación de la actividad de representación de intereses legítimos. La publicación y comunicación sistemática de determinada información, documentación y actividades, que se exigen como obligaciones a los grupos de interés en el Real Decreto-Ley, puede afectar a elementos sensibles de funcionamiento que no aportan un valor añadido significativo para el control público de la actividad de influencia, pero sí pueden comprometer la capacidad de actuación de las entidades representativas.

En este sentido, el presidente de CEPES, solicita se adapte este Real Decreto a los estándares europeos. Recuerda “que el Registro de Transparencia de la Unión Europea constituiría una referencia suficiente y adecuada para satisfacer las exigencias de transparencia, garantizando al mismo tiempo un equilibrio razonable entre el derecho de la ciudadanía a conocer quién participa en los procesos de decisión pública y la necesaria protección de información interna de las organizaciones”. El propio Real Decreto-Ley declara su voluntad de alinearse con los principios y estándares europeos en esta materia.

Asimismo, llama la atención la modificación introducida respecto de la propuesta legislativa presentada por el propio Gobierno en 2025. En el Proyecto de Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, remitido al Congreso de los Diputados en febrero de 2025, se contemplaba expresamente la exclusión de las organizaciones sindicales y empresariales del ámbito de aplicación de determinadas obligaciones previstas para los grupos de interés, en reconocimiento de la singular función institucional que les atribuye nuestro ordenamiento jurídico.

CEPES considera difícilmente justificable esta modificación, especialmente teniendo en cuenta que sindicatos y organizaciones empresariales desempeñan una función constitucionalmente reconocida en el diseño de políticas públicas, la negociación y el diálogo institucional con el Gobierno y las Administraciones Públicas. La desaparición de esta exclusión supone equiparar a estas organizaciones con operadores profesionales de lobby o consultoría institucional, ignorando la singular posición que les reconoce nuestro ordenamiento jurídico.

Por ello, Juan Antonio Pedreño, hace un llamamiento al Gobierno y a los grupos parlamentarios para que, durante la tramitación y debate parlamentario de la norma, se revisen aquellos aspectos que introducen obligaciones excesivas o innecesarias y se recupere un enfoque más proporcionado, coherente con los estándares europeos y respetuoso con la función institucional que desempeñan las organizaciones empresariales.

Desde CEPES se reitera el compromiso con la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas en las relaciones con los poderes públicos, pero considera imprescindible que la regulación se construya sobre los principios de necesidad, proporcionalidad y seguridad jurídica, garantizando que las obligaciones exigidas sean estrictamente las necesarias para alcanzar los fines de interés general que persigue la norma.