La Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía considera una terrible irresponsabilidad institucional que el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, anuncie públicamente que pondrá "todas las trabas posibles" al cumplimiento de las nuevas reglas del Tajo-Segura mientras espera un cambio de Gobierno que permita retirarlas

Para los Ribereños resulta "impropio de un gobernante y terriblemente peligroso para la opinión pública" presentar como una batalla contra el Gobierno de España lo que en realidad supone enfrentarse a un marco jurídico construido durante años por los tribunales, la legislación española y el Derecho europeo. "Es cuanto menos sorprendente que un presidente regional anuncie que se va a saltar la ley y las sentencias del Supremo para defender a sus amigos".

"Puede recurrir, puede discrepar y puede defender los intereses de Murcia, pero un presidente autonómico debería saber que las sentencias no desaparecen porque cambie el Gobierno", señalan desde la Asociación. Para los Ribereños, anunciar que se pondrán "todas las trabas posibles" hasta que gobiernen "los suyos" supone una forma de insubordinación institucional impropia de quien representa a una comunidad autónoma: "No puede aceptarse que un presidente convierta el cumplimiento de la ley y de las resoluciones judiciales en algo provisional, pendiente de que cambie el color político de La Moncloa".

Desde entonces, los intentos de revertir judicialmente esa protección han ido acumulando derrotas. En junio de 2024, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de la Generalitat Valenciana contra el Plan Hidrológico del Tajo y rechazó los argumentos contra los caudales ecológicos. El Alto Tribunal recordó que su fijación se realizó siguiendo las instrucciones metodológicas y técnicas de la planificación hidrológica y sobre la base de los estudios correspondientes.

En enero de 2025 llegó otra sentencia favorable al Tajo. El Supremo desestimó también el recurso presentado por la Junta de Andalucía contra el Real Decreto 35/2023 y rechazó los motivos de nulidad planteados contra la planificación hidrológica y el procedimiento seguido para establecer los caudales ecológicos.

Y el último pronunciamiento ha sido todavía más contundente. El pasado 13 de mayo, el Tribunal Supremo desestimó íntegramente el recurso del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura contra el Plan Hidrológico del Tajo. El SCRATS reclamaba la nulidad del plan y, subsidiariamente, la anulación del régimen de caudales ecológicos del eje del Tajo. El Supremo rechazó sus pretensiones y le impuso las costas del procedimiento.

La sentencia recuerda además que la implantación de caudales ecológicos en el eje del Tajo constituye una exigencia normativa y que la legislación del trasvase no garantiza al Segura un determinado volumen. Los métodos utilizados para calcular esos caudales siguieron, además, los procedimientos técnicos establecidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica.

"Es difícil entender qué pretende exactamente saltarse López Miras", ironizan los Ribereños. "Tendría que saltarse las sentencias que obligaron a establecer los caudales ecológicos, las que después han rechazado los recursos contra ellos, el propio Plan Hidrológico del Tajo y también la legislación europea". La Asociación considera "intolerable y ajeno a la responsabilidad que debe exigirse a un gobernante" anunciar públicamente la intención de pasar por encima de todo ese marco legal y judicial en aras del interés económico de unos pocos empresarios.

Porque por encima de la disputa política está además la Directiva Marco del Agua, que obliga a los Estados miembros a proteger las masas de agua, evitar su deterioro y alcanzar un buen estado ecológico. El propio Tribunal Supremo vincula expresamente los caudales ecológicos del Tajo con esos objetivos ambientales europeos y ha reiterado que su establecimiento completo y vinculante es una obligación de la planificación hidrológica.

Para los Ribereños, López Miras tiene todo el derecho a pedir un cambio en las reglas o a recurrirlas por las vías previstas en el Estado de Derecho. "Lo que no puede hacer es instalarse en una posición de insubordinación institucional y prometer que bastará con que gobiernen los suyos para hacer desaparecer sentencias, obligaciones ambientales y legislación europea. Un cambio de Gobierno no deroga al Tribunal Supremo".